Una de las primeras decisiones del Consejo de Ministros, o más bien de su presidente, ha sido cambiarse a sí mismo: aparte de subir notoriamente el número de carteras, Pedro Sánchez ha decidido realizar una modificación de agenda que, si bien parece cosmética, supone más de lo que parece. Las reuniones de los ministros se llevarán a cabo a partir de ahora los martes, y no los viernes.
¿Qué supone esto? Supone más tiempo para “liderar” la agenda informativa de la semana, algo que no ocurría hasta ahora, con el consejo reuniéndose los viernes. Supone, también, disponer de cierto margen desde que el jueves anterior se reúnen los subsecretarios para desbrozar el terreno y dejar los asuntos listos para su despacho por los ministros.
Pero implica otra cosa: dejar cerradas, sin mucha posibilidad de maniobra, las sesiones de control parlamentarias al gobierno, que se celebran justo en la segunda mitad de semana, con unas preguntas formuladas por la oposición antes de conocer las decisiones del consejo de los martes. Tendremos así unas sesiones en las que los diputados preguntarán por asuntos “pasados de moda”, y se dejarán en el tintero los temas de máxima actualidad. Por ello, los partidos de la oposición han protestado con energía, y veremos cómo se acaba de resolver el asunto: si PSOE y UP dan su brazo a torcer y cambian el reglamento para que el control pueda ser más rápido y efectivo.
Por otro lado, las primeras decisiones del consejo se han centrado en asuntos económicos de la “máxima prioridad” ante la falta de Presupuestos Generales del Estado. Se ha decidido elevar las pensiones conforme a la inflación (0,9%), dejando atrás, parece que ya definitivamente, la fórmula previa que limitaba normalmente las subidas al 0,25%. Por otro lado, se ha elevado la nómina de los empleados públicos en un 2%, para cumplir con el compromiso asumido previamente por el gobierno socialista.
Queda pendiente la subida del SMI, que es el principal caballo de batalla. Los últimos datos de empleo han dado alas a los partidos de la oposición, que insisten en que se está produciendo una destrucción de empleo en sectores como el trabajo doméstico o el del campo por culpa de la subida del 22% efectuada el año pasado. Otros grupos, en cambio, argumentan que la subida ha aportado liquidez a los bolsillos que más la necesitaban, dando un impulso muy necesario a la demanda.
En todo caso, el gobierno desea que este año el SMI suba por acuerdo de los agentes sociales, y hoy mismo, miércoles, se reúne la primera mesa conjunta con los sindicatos y la patronal, para estudiar la subida. Fuentes socialistas consideran razonable no tensar demasiado la situación, por el temor a que una subida cuantiosa provoque una huida incontrolable hacia la economía sumergida. No obstante, se apuesta por una elevación del SMI que, aunque más modesta que la de 2019, supere claramente a la inflación y nos acerque al objetivo de terminar la legislatura en niveles del 60% del salario medio. Ese nivel, hoy por hoy, nos llevaría hasta cifras de alrededor de 1.200 euros mensuales.
Por último la idea inicial de dar carpetazo a la provisionalidad aprobando rápidamente unos Presupuestos Generales del Estado está siendo abandonada. La preparación y presentación inmediata ante el Congreso del proyecto de presupuestos para su aprobación podría permitir tenerlos en vigor antes de terminar el mes de abril, pero esas fechas ya no están en el horizonte. La necesidad de una elaboración muy minuciosa, de negociaciones de detalle con todos los grupos que deben apoyarlos (ya no bastan algunas abstenciones, como en la investidura: ahora es preciso conseguir más votos favorables), y de cuadrar ese complejo marco con las exigencias de equilibrio de Bruselas y de la propia Constitución, hacen que, antes del verano, sea imposible aprobarlos. Y eso si no surgen complicaciones por el camino, como la posibilidad de despenalización o al menos reforma de los delitos de rebelión y sedición, u otras materias que se puedan plantear en la mesa de diálogo de Cataluña.
