El PSOE y Esquerra Republicana (ERC) han acordado que el Gobierno pedirá a las autoridades europeas que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), equivalente al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y cuyo único accionista es la Generaltat de Cataluña, logre la licencia bancaria y pueda operar como un banco público.
Según ha indicado ERC, el acuerdo se plasmará en el proyecto de Ley de Defensa del Cliente Financiero que se tramita actualmente en el Congreso.
Para ERC, ese reconocimiento por parte de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo representa “un avance significativo en la configuración del ICF como un verdadero banco público, orientado a dar apoyo directo a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y personas autónomas en Cataluña”.
A su juicio, el instituto público catalán es “una herramienta clave para facilitar el acceso a financiación, fomentar el desarrollo económico del país y reforzar la soberanía financiera”. “Con ello se da respuesta a la existencia de fallos de mercado en la financiación empresarial en los territorios, derivados de problemas de información, que es uno de los objetivos que persigue el proyecto de Ley de Defensa del Cliente Financiero”, alegan.
