El PSOE abre expediente a Carmen Calvo por no apoyar la Ley Trans

El PSOE ha abierto expediente sancionador a la exvicepresidenta Carmen Calvo por romper la disciplina del Grupo Socialista en el Congreso y abstenerse en la votación de conjunto de la Ley Trans, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas. La instrucción puede durar semanas y la diputada se expone a una multa de 600 euros, que es la máxima que prevé el reglamento interno.

La dirección del Grupo Socialista que encabeza Patxi López designará a un instructor para estudiar el caso, valorando el contexto político, la trascendencia de la votación y su actitud, y en curso del expediente también escucharás las explicaciones de la propia diputada. Al final propondrá la sanción, que a tenor de los antecedentes podría ser la máxima de 600 euros, la última palabra la tendrá la dirección del grupo parlamentario.

Carmen Calvo es una diputada de especial relevancia en el Grupo Socialista pues fue vicepresidenta del Gobierno y presidenta del partido, y actualmente preside la Comisión de Igualdad del Congreso.

ASUME LAS CONSECUENCIAS

Este jueves a la salida de la votación de la Ley Trans en el Congreso, Carmen Calvo afirmó que “siempre” asume las consecuencias de sus actos, al ser preguntada sobre si temía consecuencias por haberse saltado la disciplina marcada por su partido, que votó a favor de la ley.

Así, reconoció que se trataba de una día difícil y que se había decidido por la “opción más compleja“. “Es lo que hay que hacer en los días complejos”, aseguró. Explicó el sentido de su voto afirmando que está “de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley” y que tampoco coincide “con el ‘no’ de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos”.

La ley impulsada por el Ministerio de Igualdad salió adelante después de una tramitación de casi tres meses en la Cámara Baja que ha estado acompañada de polémica desde el principio por la falta de acuerdo entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Una parte del socialismo, liderada por Calvo, se mostró crítica con el texto, especialmente con la autodeterminación de género y sus consecuencias sobre los derechos de las mujeres.

El PSOE presentó varias enmiendas a la ley, aunque centradas en limitar la autodeterminación de los menores y para endurecer el proceso de reversión de las personas trans, pero en comisión no consiguió el voto favorable de ningún grupo a sus iniciativas y al final decidió no mantener estas propuestas para el debate de la ley en el Pleno. Por tanto la ley ha sido aprobada en los términos que pretendía la ministra del ramo, Irene Montero.

EL PRECEDENTE DE ODÓN ELORZA

Calvo se expone por tanto a una sanción similar a la que recibió el diputado del PSOE Odón Elorza, que también fue multado con 600 euros por votar en sentido distinto al fijado por el partido. En su caso, el exalcalde de San Sebastián, rechazó apoyar la elección de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para ser magistrado del Tribunal Constitucional, en el marco del acuerdo que los ‘populares’ sellaron con el Gobierno para renovar esta institución.

En su caso la votación era secreta y por tanto ningún grupo podía tomar medidas disciplinarias, pero fue el propio Elorza el que anunció que antes de emitir su voto telemático había comunicado su posición a la dirección del grupo parlamentario, que en aquel momento encabezaba Héctor Gómez.

Elorza argumentó que había decidido votar con “responsabilidad” y “en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del Tribunal Constitucional y el Congreso”. Aquella votación se produjo en noviembre de 2021 pero la sanción no se le comunicó oficialmente hasta cuatro meses después, en marzo del año siguiente.

Esa no era la primera vez que Elorza era sancionado pues en 2016 también fue multado con 600 euros por votar ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy en 2016. Lo mismo hicieron 14 de sus compañeros al obviar la decisión de la dirección del partido de abstenerse para facilitar la elección del entonces líder del PP y acabar con el bloqueo institucional que había obligado a repetir las elecciones generales.