Hace exactamente una semana, en presencia de la cúpula del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez realizó una enérgica defensa de la amnistía, marcando un punto de no retorno. A partir de ese momento, las negociaciones se aceleraron. Los socialistas tenían la expectativa de llegar a acuerdos inminentes con el objetivo de llevar a cabo la investidura en los primeros días de noviembre. Sin embargo, como ha sido una costumbre en la política nacional durante años, todo lo que puede complicarse, se complica.
La amnistía para los encausados en el proceso independentista catalán, conocido como el ‘procés’, es la cuestión central y el epicentro de todo el debate. Aunque los principales actores involucrados, el PSOE, Junts y ERC, están de acuerdo en la necesidad de acordar esta medida de gracia, su implementación es un desafío de gran envergadura en términos políticos, jurídicos e institucionales. Los detalles son cruciales y representan el obstáculo principal. El partido de Carles Puigdemont, cuyo apoyo es esencial para el futuro de España, demanda más con respecto a la amnistía.
La forma en que se aplicará la amnistía y quiénes se beneficiarán de ella es donde ha surgido el estancamiento en las negociaciones entre el PSOE y Junts. Mientras tanto, ERC y los socialistas ya han alcanzado un acuerdo de investidura, satisfaciendo sus respectivas demandas.
Junts considera insuficiente lo pactado por ERC y, como es común, las formaciones independentistas compiten por obtener más y presentar el mejor argumento ante su base independentista. La posibilidad de adelantar las elecciones en Cataluña siempre está presente como una espada de Damocles.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, uno de los beneficiarios de los indultos otorgados por el Gobierno de Sánchez, envió un mensaje claro a la dirección de su partido, insinuando que desean más o, al menos, están dispuestos a presionar al máximo en las negociaciones. Turull declaró: “No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips.”
Este comentario está dirigido principalmente a ERC, que respalda el acuerdo con el PSOE. Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, afirmó que la amnistía debe abarcar a “todos los represaliados, sin excepción.”
Junts cree que el proyecto presentado por el PSOE podría dejar a algunas personas sin amnistía y, además, no sienten una urgencia por investir a Pedro Sánchez. En este momento, hacen un llamado para resistir la “presión” en estos días cruciales.
Carles Puigdemont es conocido por tomar giros y decisiones arriesgadas, y su comportamiento es impredecible. En 2017, cambió de opinión en cuestión de horas, pasando de considerar la convocatoria de elecciones en Cataluña a aprobar la declaración unilateral de independencia en un histórico pleno del Parlament. Días antes, el 10 de octubre, había proclamado brevemente la independencia de Cataluña. Así se gestaron los acontecimientos actuales.
Oficialmente, el PSOE y ERC no han compartido detalles concretos de su acuerdo sobre la amnistía, pero los republicanos han dado algunas pistas. La ley de amnistía, que se tramitará como un proyecto de ley, abarcaría un período de diez años, desde los preparativos para la consulta soberanista de 2014 en 2013 hasta la actualidad, incluyendo el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia de Cataluña. Esta amnistía incluiría a los responsables de estas acciones, así como a los encausados del Tsunami Democràtic y los CDR, entre los beneficiados por esta medida de gracia, que anteriormente el PSOE rechazaba por estar fuera de la Constitución.
De acuerdo con las causas judiciales en curso, el Comité de Defensa de la República (CDR) había planeado la ocupación del Parlament de Cataluña y participado en bloqueos de carreteras y levantamientos de barreras de peaje. Por su parte, Tsunami Democràtic enfrenta condenas relacionadas con el ‘procés’ en el otoño de 2019, debido a acciones que van desde el intento de asalto al aeropuerto de El Prat, el bloqueo de la frontera de La Jonquera, hasta las protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Laietana.
