La industria del juego es una de las más reguladas a nivel mundial debido, entre otras cosas, a las grandes cantidades de dinero que se gestionan en ella. Para evitar estafas y otros perjuicios para los usuarios, los distintos países exigen una serie de requisitos con el fin de garantizar y certificar la seguridad en las operaciones.
Como ejemplo de marca que destaca por sus buenas prácticas y por ofrecer un entorno de juego seguro para los usuarios está Genting Casino, plataforma premium integrada en el paraguas del gigante internacional Genting Group.
La nueva legislación española para casinos y juegos de azar supone una actualización para adaptar el marco regulatorio a los nuevos tiempos. Hay que tener en cuenta que la primera norma sobre la materia se redactó en el año 2012. A partir de ese momento, se establecieron los requisitos para habilitar las licencias que permitían el funcionamiento de las casas de apuestas y casinos online.
La exigencia de estas licencias permite identificar en la actualidad las plataformas online que son seguras para los usuarios. Con esta información se pueden establecer clasificaciones o listados de puntos óptimos para los visitantes web, como el que figura en www.estafa.info, en el que aparecen las webs de casino y juegos de azar más seguras para los visitantes. En este listado se puede comprobar la seguridad que garantizan marcas como Genting Casino.
Novedades nueva legislación
Desde que se promulgó la nueva regulación en 2020, todos los casinos que quieran iniciar operaciones en territorio nacional, deben hacer frente a una serie de restricciones. Uno de los primeros requisitos que se estableció fue fijar en un máximo de 200 euros el importe del bono de bienvenida ofrecido a los nuevos clientes. Con esta medida se pretendía evitar que los ciudadanos caigan en promociones falsas.
Tras el estallido de la pandemia por la Covid-19 y las restricciones de movilidad aplicadas por ella, se detectó la necesidad de buscar medidas para limitar las posibles adicciones al juego. En este tiempo, la demanda de este tipo de plataformas creció exponencialmente. Por ello, las autoridades trataron de establecer restricciones más fuertes para alejar a los menores de 18 años de los juegos de apuestas.
En este sentido, el Real Decreto 958/2020 prohibió la emisión de mensajes publicitarios sobre juegos de azar y casinos, incluídas las ofertas y los bonos de bienvenida. Una de las principales críticas que se estableció en su momento es que se omitieron en esta restricción a los operadores extranjeros. Sin embargo, poco tiempo después, se introdujeron modificaciones para ajustar la regulación y evitar polémicas.
Entre los cambios más relevantes introducidos en la norma destacan por un lado las restricciones a las bonificaciones y, por otro, la limitación a la publicidad de los casinos online. Así por ejemplo, con las modificaciones introducidas se prohibió a las marcas entregar bonos de bienvenida a los usuarios, así como otras promociones como los bonos sin depósito.
En relación a la publicidad, la gran limitación se centra en el horario en el que pueden ser emitidos anuncios de estos operadores -ahora sólo permitida entre la 1 y las 5 de la madrugada-. Con el fin de controlar la influencia o el efecto de los espacios publicitarios en la sociedad, se prohíbe realizar anuncios con figuras públicas así como los acuerdos con instituciones deportivas. Esto significó un duro golpe a la industria en nuestro país puesto que, prácticamente el 80% de los equipos de fútbol de primera y segunda división contaban con el patrocinio de una empresa del sector.
El nuevo marco regulatorio fue impulsado por el Ministerio de Consumo, del que es titular Alberto Garzón, para proteger a los usuarios y especialmente a los menores de edad. Desde Consumo continúan extendiendo el marco regulatorio sobre el juego online. Así por ejemplo, en las últimas semanas han elaborado un proyecto de ley para regular los “mecanismos aleatorios de recompensa”, es decir, mecanismos de videojuegos o plataformas que ofrezcan una recompensa previo pago de un importe económico por vías electrónicas, informáticas, telemáticas o interactivas.
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