El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha cargado este domingo contra el impuesto a las principales energéticas españolas planteado por el Gobierno al considerar que “no va contra los ricos” sino que “va en contra de la actividad empresarial” y ha afirmado que “dañará” la capacidad de inversión de las empresas y del empleo industrial, repercutiendo, en último término, en la competitividad del país y su modernización.
A finales de julio, el Gobierno presentó ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley para aprobar dos gravámenes, uno del 4,8% sobre el margen de interés y las comisiones de los mayores bancos de España y otro del 1,2% sobre los ingresos de las principales energéticas ante los “beneficios extraordinarios” provocados por las subidas de tipos de interés y por el alza de los precios energéticos.
En una tribuna publicada hoy en El País, Imaz ha defendido los impuestos, que paga “con gusto”, e incluyendo aquellos que afectan a las rentas más altas. “Pude estudiar toda mi vida con becas porque algunas personas pagaron sus impuestos para que yo alcanzase una formación y pienso en ello cada vez que pago los míos”, ha sostenido.
Sin embargo, ha asegurado que el gravamen presentado por el Gobierno para su tramitación parlamentaria “no es para los ricos”. “Si ese es su discurso, les pido a los gobernantes que sean valientes, que suban el IRPF y las rentas de capital y graven al que tiene dinero”, ha ahondado al respecto.
Por el contrario, Imaz defiende que el impuesto va “contra la actividad empresarial” y que además se pretende abordar con “una legalidad cuestionable”. En este sentido, ha expuesto que el gobierno “ha evitado” presentar un proyecto de ley y que lo han registrado dos grupos parlamentarios –PSOE y Unidas Podemos– “y así se saltan los informes y los contrastes, aunque haya suficientes evidencias de que la iniciativa y su impulso hayan partido del Ejecutivo.
Igualmente, ha indicado que el nuevo gravamen sería “probablemente ilegal” en el sistema fiscal español y que, por ello, se ha preferido la figura de prestación patrimonial. “Es simplemente un impuesto encubierto que grava a las empresas por partida doble”, ha añadido.
Imaz también ha cargado contra la decisión, por considerarla “discriminatoria”, de no incluir a otros sectores que han aumentado “fuertemente” sus beneficios este año o de dejar fuera del impuesto a competidores “de menor tamaño”. “¿Nos sorprende después que los precios del petróleo y del gas suban si, por motivos ideológicos, dificultamos que se invierta en esta industria en nuestro país y se genere empleo?”, se ha preguntado el CEO de Repsol.
Por último, ha manifestado su confianza en las instituciones y espera que alguna de ellas determine el “carácter discriminatorio” de la medida, que “todo lo recaudado” sea devuelto a las compañías “injustamente gravadas en mitad de la furia de un discurso demagógico” y que la seguridad jurídica quede “restaurada”, al tiempo que ha reafirmado el compromiso de Repsol con la inversión en España.
