La Ministra de Defensa ha hecho esta mañana unas declaraciones a la Cadena Ser en las que, acatando las decisiones del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional el estado de alarma que se decretó a partir de marzo de 2020, ha cargado contra esta decisión en la medida en que no es oportuna y no responde ni al momento actual ni a lo fundamental de las medidas que se adoptaron en aquel momento.
La ministra ha resaltado que el Tribunal ha estado totalmente dividido al adoptar esta decisión, que ha salido adelante con tan solo un voto de diferencia en el pleno, lo cual demuestra que no se trata de una cuestión fácil, como tampoco era fácil la situación en que se encontraba el país en aquellos momentos, que obligaba a tomar medidas con las que se consiguió evitar miles de muertes.
En todo caso, Robles recuerda que la decisión no afecta retroactivamente a la validez del asunto esencial de aquellas medidas, que fue la posibilidad de decretar el confinamiento domiciliario.
Sobre los comportamientos habido en el seno del Tribunal, ha señalado expresamente que “a mí me duele que el Tribunal Constitucional haya entrado en este debate, y me duele que durante meses haya habido filtraciones sobre esta materia”, señalando con ello a algunos magistrados que han debido con ello saltarse el secreto de las deliberaciones producidas, al que están obligados por ley.
Preguntada por si ha habido un sesgo político en la decisión, no ha querido pronunciarse, pero sí ha señalado que “si uno es miembro de un órgano como el TC, debe tener un sentido de Estado”. Cree con esta decisión, adoptada por el Tribunal tras el recurso interpuesto por Vox, lo que se hace es introducir incertidumbres: “Sembrar estas dudas, estos debates doctrinales, que son más propios “de la cátedra” que del debate político” no es apropiado.
Tras la decisión del alto Tribunal, para adoptar medidas como las que se tomaron a partir de marzo de 2020, deberá acudirse no al estado de alarma sino al de excepción, que es un estado más restrictivo de derechos, y permite, entre otras cosas, permite a la “autoridad gubernativa” detener hasta durante diez días a ciudadanos por sospechas o indicios no confirmados, o expulsar a extranjeros sin intervención judicial.
