Rufián exige a Sánchez intervenir mercado de la vivienda, mientras el presidente culpa al PP

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “el drama de la vivienda” puede acabar con su Ejecutivo y le ha exigido medidas contundentes para “intervenir el mercado”, incluidos impuestos para gravar la compra de viviendas “para especular” y blindar el acceso a una casa como un derecho fundamental en la Constitución. Sánchez se ha limitado a defender sus políticas y a culpar a las comunidades del PP de no aplicar la Ley de Vivienda por “dogmatismo ideológico”.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rufián ha preguntado a Sánchez qué cree que puede acabar con su Gobierno. “La política es impredecible, pero a lo mejor usted me puede arrojar algo de luz”, le ha contestado Sánchez, antes de reiterar su intención de agotar la legislatura y aprovechar lo que queda para seguir “haciendo avanzar al país”.

Rufián ha apuntado que quien puede sacar a Sánchez del Gobierno —aparte de “quizá” Junts— son las dificultades para el acceso a la vivienda, pues “hay cantidad de gente viviendo en zulos que paga como si fueran palacios” porque hay quien se dedica a “traficar con un derecho fundamental”.

El político independentista ha recalcado que el salario medio está en 1.300 euros pero hay alquileres en grandes ciudades que han llegado a los 1.600, que el 56% de las hipotecas en el último año se han “pagado a tocateja” y que sólo el 14% de las mismas se concedieron para una primera vivienda.

“La política de vivienda en cualquier país decente es la de ‘una familia, una casa'”, ha resumido Rufián, y ha insistido en que quien quiera más casas para especular, que pague impuestos. Ha proclamado que “por encima del derecho de un fondo buitre o un rico a tener diez pisos está el derecho de una familia a tener uno”.

El presidente ha dicho compartir con Rufián el diagnóstico de que la vivienda es el principal problema para muchas familias y jóvenes, y que la actual desigualdad se explica “en un 60% en la imposibilidad de mucha gente a poder acceder a la compra o el alquiler”.

Además, ha defendido que la Ley de Vivienda es una “intervención pública en toda regla, en un mercado que no funciona”, pero que hay que tener en cuenta que “este es un Estado compuesto, con ayuntamientos y comunidades con amplias competencias”. Ha señalado que hay autonomías gobernadas por el PP que no utilizan este instrumento por “dogmatismo ideológico”, como la Comunidad de Madrid.

En todo caso, ha subrayado que el Gobierno continúa con sus compromisos en la materia: está ultimando un nuevo Plan de Vivienda, ha multiplicado por ocho el presupuesto vinculado a la misma, ha prohibido la venta a fondos buitre de vivienda de protección oficial, y el último año la construcción de vivienda pública se ha situado en un 63% mientras que la libre quedó en un 13%.

También ha mencionado los mecanismos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para avalar a los jóvenes que no pueden pagar una entrada para comprar, y que se ha “declarado la guerra a todo lo que tiene que ver con los pisos turísticos”, retirando 52.000 de las plataformas digitales y creando un registro específico. “Estamos desplegando todas las herramientas para poner pie en pared y resolver el drama de la vivienda en nuestro país”, ha zanjado.