El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso a preguntas de la oposición sobre el deterioro de las instituciones, sus promesas sociales para la legislatura y la dependencia energética y sus efectos en la factura de la luz.
Éstos son los asuntos elegidos por el PP, Esquerra Republicana (ERC) y Vox para examinarle en la que será la primera sesión de control a la que acude el presidente desde el pasado mes de diciembre.
El líder del PP, Pablo Casado, como viene siendo habitual, ha registrado para el próximo Pleno una pregunta genérica que le permitirá después echar mano después de los más diversos asuntos. En esta ocasión, Casado quiere que Sánchez le aclare “cuándo va a dejar de deteriorar las instituciones”.
ESPAÑA, UNA DEMOCRACIA NO PLENA
Precisamente este jueves salió publicado un estudio del diario ‘The Economist’ que revela que España ha pasado de “democracia plena” a “democracia deficiente” en el índice de calidad democrática, una bajada que el diario inglés atribuye al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este asunto también saldrá en el Pleno de la próxima semana, donde el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, aspira a que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se pronuncie, en nombre del Gobierno, sobre los resultados de ese estudio.
Tras el interrogante de Casado será el turno del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha elegido la factura de la luz para su rifirrafe con el jefe del Ejecutivo. En concreto, Abascal pedirá a Sánchez que detalle “qué medidas piensa acometer el Gobierno para terminar con esta dependencia energética que está empobreciendo España y arruinando a los españoles”.
“¿Piensa el Gobierno que está cumpliendo con los objetivos sociales del pacto de legislatura?”, reza la pregunta el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, pretende dirigir al presidente.
Con ese enunciado es previsible que Rufián aproveche para repasar con Sánchez las promesas de legislatura pendientes, como la ley de vivienda y la reforma fiscal, así como los efectos de lo ocurrido en la reciente aprobación de la reforma laboral, que ERC rechazó pese a ser uno de los habituales socios del Gobierno.
