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    ¿Hacia el fin de la Ley franquista de Secretos Oficiales?

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    Quienes cumplen hoy 53 años nacieron al mismo tiempo que la Ley de Secretos Oficiales, aprobada el 5 de abril de 1968, y cuyo nacimiento fue «registrado», es decir, publicado en el B.O.E. al día siguiente.

    Desde entonces han pasado muchas cosas, un cambio de régimen y una nueva Constitución incluidos, pero la ley, con algunas modificaciones también preconstitucionales, ha continuado vigente.

    Por el camino ha habido hasta cinco intentos serios de reformar o derogación, pero por diversas circunstancias que nos cuenta El País, no ha sido posible hasta ahora.

    Sobre la mesa está la última propuesta, la del PNV, que data de 2016, y que ha sido imposible tramitar por sucesivos parones y vetos. La idea general de esta iniciativa era el establecimiento de un plazo de diez años a partir del cual deban hacerse públicos los documentos reservados, y de 25 años para los calificados como «secretos».

    Sin embargo, lo que al parecer se propone ahora el gobierno es una iniciativa más profunda y no tan «permisiva», que llevaría a una reforma integral de la normativa existente. Carmen Calvo, vicepresidenta primera, sería la encargada de, al frente de una comisión que englobaría a cuatro ministerios (Presidencia, Exteriores, Interior y Defensa), evaluaría la situación actual y elaboraría un proyecto de ley que sería sometido a las Cortes para la completa derogación de la legislación anterior. Ninguno de los ministerios está en manos de Unidas Podemos.

    La necesidad de cambiar la normativa es ya urgente, porque parte de los órganos con capacidad de clasificar documentos como reservados o secretos ya no existen, y muchas otras referencias del texto han quedado obsoletas. Además, se echa en falta un plazo o plazos generales de desclasificación, y existen otros aspectos que chocan con las recomendaciones que en la materia realiza la Unión Europea y otros organismos.

    La comisión tiene un largo trabajo por delante, y partirá de la idea de prever para los documentos distintos plazos de difusión, en algunos casos más prolongados que los que proponía el PNV, llegando incluso a limitaciones de mayor duración o cláusulas de limitación para las materias más sensibles.

    El objetivo es llegar a un texto que tenga un acuerdo muy amplio en la Cámara, al tratarse de una «cuestión de Estado», y que esté listo antes de finalizar la legislatura, en 2023. Para entonces, los nacidos con la ley ya habrán cumplido los 55 años de edad.

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