El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 28.810 millones el coste que la seguridad Social tuvo que afrontar en 2020 para ayudas por la pandemia del coronavirus. El 67% de ese dinero se dedicó a sufragar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo.
Así figura en el informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la administración sociolaboral y de la Seguridad Social en 2020, que este miércoles ha aprobado el Tribunal de Cuentas para su remisión al Congreso.
Es uno de los tres informes sobre los costes de la pandemia que ha aprobado el pleno de la institución, junto con otro sobre los avales otorgados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las compensaciones a las autoridades portuarias para mitigar los efectos de la crisis sanitaria.
A la espera de hacer público el informe, el Tribunal adelanta en un comunicado recogido por Europa Press que el impacto en las arcas de la Seguridad Social ascendió a 28.810 millones de euros en 2020. El 66,7% de estas ayudas, es decir, más de 19.200 millones de euros, se destinaron a las empresas en situación de ERTE y las prestaciones contributivas por desempleo a sus trabajadores afectados.
Las prestaciones otorgadas a los trabajadores por cuenta propia alcanzaron los 7.182 millones, el 24,9% del total, seguidas por las de protección social a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal (IT) por COVID-19, que suman 1.694 millones, un 5,9% del conjunto. El resto de las medidas alcanzaron los 723 millones, representando el 2,5 % del impacto económico de la crisis sanitaria en el ámbito de la administración sociolaboral y de la Seguridad Social.
Por entidades, el informe de fiscalización establece que el SEPE soportó el coste más elevado, 15.426 millones, un 53,5% del total, seguido por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, que asumieron, respectivamente, 7.426 millones (25,8%) y 5.837 millones (20,3%) de los costes. El impacto en el INSS, el ISM, MUFACE y FOGASA, fue de 121 millones (0,4% de estas ayudas.
