Suiza: referéndum sobre una ‘mili’ cívica universal e impuestos verdes a grandes fortunas

Suiza celebra el 30 de noviembre dos votaciones federales sobre cuestiones muy distintas pero conectadas por una misma lógica: cómo redefinir el contrato cívico en el siglo XXI, a través del servicio a la colectividad y de la fiscalidad sobre las grandes fortunas para financiar la política climática. Estas consultas se insertan en un sistema de democracia directa muy consolidado, donde la ciudadanía decide varias veces al año sobre leyes, reformas constitucionales e iniciativas populares.

Los referendums del 30 de noviembre de 2025

Ese día el electorado suizo vota sobre dos iniciativas populares a nivel federal: la llamada Civic Duty Initiative y la Initiative for a Future. Ambas se someten a votación en la última “Jornada federal de votación” del calendario político de 2025, compartiendo urnas con otros procesos cantonales y municipales, como es habitual en el país.

La papeleta es doble: cada persona con derecho de voto responde “sí” o “no” por separado a cada iniciativa.
Como toda iniciativa popular que modifica la Constitución, requieren doble mayoría: mayoría del pueblo a nivel federal y mayoría de los cantones (referéndum obligatorio).

La Civic Duty Initiative

La Civic Duty Initiative propone sustituir el actual sistema de servicio militar obligatorio masculino por un deber cívico universal para todos los ciudadanos, independientemente del género. La idea central es que cada joven cumpla un periodo de servicio a la colectividad, que podría adoptar diversas formas: servicio militar, servicio civil, protección civil, servicios comunitarios o tareas vinculadas a emergencias y resiliencia social.

Quienes impulsan la iniciativa la presentan como una modernización de la noción de seguridad y cohesión nacional, poniendo el acento en la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Sus detractores, incluyendo al Consejo Federal y a la mayoría de los partidos, advierten sobre el coste financiero, la complejidad organizativa y el riesgo de rigidez en un sistema de reclutamiento que ya ha sido flexibilizado en las últimas décadas.

Contenido y efectos prácticos

Se consagraría en la Constitución la obligación de un servicio cívico para todos los ciudadanos suizos en una franja de edad determinada (orientada a la juventud).
El servicio podría cumplirse en distintos ámbitos reconocidos por la Confederación (por ejemplo, ejército, servicio civil, protección civil, proyectos sociales o medioambientales), con la intención de adaptar el deber cívico a nuevas necesidades colectivas.

Según estimaciones gubernamentales, la implantación del sistema exigiría una reorganización profunda de las estructuras de defensa y de los dispositivos de protección civil, con un coste presupuestado del orden de miles de millones de francos suizos a medio plazo. Los promotores sostienen que es una “inversión” en cohesión social y participación, mientras que el Gobierno cuestiona su proporcionalidad respecto a los riesgos de seguridad y a la sostenibilidad financiera.

La Initiative for a Future (impuesto a grandes herencias para el clima)

La Initiative for a Future plantea introducir un impuesto federal del 50 % sobre herencias y donaciones superiores a 50 millones de francos suizos, destinando íntegramente la recaudación a financiar políticas climáticas y de transición ecológica. Se trata de una iniciativa que combina redistribución patrimonial y acción climática, con el argumento de que las personas ultrarricas deben contribuir de forma especial al esfuerzo de descarbonización.

En términos constitucionales, la propuesta implicaría crear una competencia fiscal específica en manos de la Confederación sobre un tramo muy alto de riqueza sucesoria y donar, la cual hoy está básicamente en manos de los cantones. El texto prevé que solo las partes de herencias y donaciones que superen el umbral de 50 millones queden gravadas al 50 %, de modo que el impacto se limitaría a un número reducido de grandes patrimonios.

Objetivos y debates

Objetivo fiscal: generar ingresos adicionales significativos para el presupuesto federal, vinculados normativamente a programas climáticos (inversiones en energías renovables, adaptación, innovación verde, etc.).
Objetivo político: enviar una señal de justicia social y de reparto de cargas en la lucha contra el cambio climático, reforzando la legitimidad de la acción climática mediante la participación de las grandes fortunas.

Sus partidarios argumentan que la medida afectaría solo a una minoría de contribuyentes extremadamente ricos y que los recursos se dedicarían a bienes públicos a largo plazo. El Gobierno federal, junto a la mayoría parlamentaria, ha recomendado votar en contra, alegando riesgos para la competitividad fiscal suiza, posibles conflictos con las competencias cantonales y la dificultad de prever el rendimiento real del impuesto dada la movilidad del capital y las estructuras de planificación sucesoria.

Cómo funciona la democracia directa suiza

El trasfondo de estas votaciones es un sistema de democracia directa que convierte a Suiza en uno de los países con mayor frecuencia de consultas populares en el mundo. A nivel federal, los instrumentos clave son la iniciativa popular y el referéndum (obligatorio u opcional), siempre como complemento —no sustituto— de la democracia representativa parlamentaria.

Iniciativa popular federal: permite a 100 000 ciudadanos con derecho a voto, recogiendo firmas en un plazo determinado, proponer una reforma parcial o total de la Constitución.
Referéndum obligatorio: se aplica automáticamente a toda revisión constitucional, a la adhesión a organizaciones de seguridad colectiva o comunidades supranacionales, y a ciertas leyes urgentes sin base constitucional; requiere doble mayoría de pueblo y cantones.
Referéndum opcional: permite a 50 000 ciudadanos o a ocho cantones exigir una votación sobre leyes federales o determinados tratados internacionales aprobados por el Parlamento, actuando como control de las decisiones representativas.

Esta arquitectura provoca que la ciudadanía sea llamada a las urnas varias veces al año, sumando en total más de 200 consultas anuales entre los niveles municipal, cantonal y federal. Lejos de entenderse como una carga, las encuestas muestran un fuerte apego social a estos derechos participativos, con amplias mayorías contrarias a limitar la democracia directa y, de hecho, una tendencia histórica a ampliarla.