El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha afirmado que España debe liderar una posición que ponga fin a las “indebidas” sanciones de la Unión Europea a Venezuela.
Así lo ha trasladado a través de la red social ‘X’ tras reunirse, junto a su compañero en el grupo plurinacional Agustín Santos, con la embajadora de Venezuela en España, Coromoto Godoy Calderón en la Cámara Baja.
Para Santiago, estas sanciones se tratan de un “castigo colectivo a su población contrario al derecho internacional”, que no busca “defender la democracia sino plegarse a los intereses de Estados Unidos (EEUU).
La Unión Europea decidió el pasado mes prorrogar seis meses las sanciones contra Venezuela por la deriva democrática en el país, al margen de la petición de España de revisarlas tras los acuerdos alcanzados entre Gobierno y oposición en las negociaciones de Barbados.
La UE mantuvo así las restricciones contra 54 dirigentes venezolanos, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodriguez, el líder chavista Diosdado Cabello o el exvicepresidente de Economía Tareck El Aissami, que se encuentran en la ‘lista negra’ europea por el menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela y la represión de la sociedad civil.
La UE aprobó sanciones en 2017 contra dirigentes venezolanos responsables de la crisis política, económica, social y humanitaria en la que se encontraba el país sudamericano y por las acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos.
LA EMBAJADORA AGRADECE EL APOYO DE SANTIAGO
Por su parte, la embajadora ha agradecido la “cálida recepción” de ambos diputados en el Congreso y su apoyo a la eliminación de las MCU (medidas coercitivas unilaterales) de la UE” por los “derechos humanos del pueblo venezolano”.
También han dialogado, según la diplomática, sobre los acuerdos parciales de Barbados, la importancia de velar por el bienestar de los migrantes de ambos países y sobre el “secuestro” del enviado especial del país Alex Saab (detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a EEUU por presunto blanqueo de capitales).
