Sumar reconoce que sus protocolos fallaron y que se ha quebrado la confianza ciudadana

Dejando de lado el tema del deprimente estado de llamado espacio de “la izqueirda del soe”, el otro día Enric Juliana publicó un artículo muy interesante sobre el acelerado proceso de reindustrialización que está viviendo España en estos momentos (y que se debe a las mismas razones por las que Alemania por el contrario se está desindustrializando: los precios de la energía):

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El pasado mes de abril, la revista The Economist titulaba en su portada “Hug the pylons not trees”. “Abraza los postes, no los árboles”. No es una excentricidad de una publicación económica de referencia. Los postes de la luz, esas estructuras casi siempre molestas en el paisaje, se han convertido en elementos clave de la transición energética y de la renovada geografía industrial que se está dibujando después de la pandemia.

La semana pasada, Carlos Tavares, CEO del grupo automovilístico Stellantis, conglomerado industrial fruto de la fusión de Fiat, Chrysler y PSA (Citroën y Peugeot), compareció ante el Parlamento italiano para explicar la estrategia de su grupo en ese país. Derecha e izquierda le esperaban con las uñas afiladas. Fiat, que lo fue todo en Italia, se ha ido. Se ha dado de baja de la mitología nacional. Es la marcha de Ferrovial multiplicada por mil. La empresa que simbolizaba la fortaleza industrial del país antes y después de la Segunda Guerra Mundial, conserva sus marcas y sus fábricas, pero su centro de gravedad ya no está en Turín. Fiat hoy forma parte de un conglomerado transnacional que tiene su sede en Amsterdam (Países Bajos) y su principal ejecutivo es de nacionalidad portuguesa. Los diputados le preguntaron a Tavares si Stellantis piensa invertir más en el país que vio nacer a Fiat, y su respuesta fue la siguiente: “El problema son los costes. Los costes son demasiado altos en Italia. La energía cuesta el doble que en España. Los costes elevados no son fáciles de gestionar”. Si tuviésemos un gobierno nacionalista en España, esa afirmación del jefe de Stellantis habría sido voceada en todos los telediarios.

Portada del semanario The Economist del 8 de abril The Economist

El consumo y la producción de energía está cambiando más rápido de lo previsto. En China, el pasado mes de julio, la venta de coches eléctricos superó por primera vez a los de motor de combustión, un indicador más de la velocidad de la electrificación del gigante asiático cuya demanda de petróleo parece haber tocado techo en 2024. Otra vez la capacidad china de reacción ha cogido por sorpresa a Europa. En España en ese mismo mes las matriculaciones de vehículos eléctricos no superaron el 16%.

En Alemania, la brusca interrupción del suministro de gas ruso ha acabado con décadas de moderados precios de la energía y es una de las causas del estancamiento que sufre su economía. La conservadora CDU, fuerza de oposición que encabeza los sondeos, empieza a plantearse un regreso a la energía nuclear, después que en mayo del 2011 Angela Merkel tomase la decisión de acelerar su cierre.

En España la decidida apuesta por las energías limpias ha conseguido que, por primera vez, las renovables supongan más del 50% de la producción eléctrica. Esa aceleración de las renovables, unida a la histórica apuesta por la diversidad en el origen del suministro de gas –en su momento más álgido, Argelia nunca superó el 50%-, más la implementación de la denominada excepción ibérica (control del precio de la electricidad en los momentos en que se encarece el gas) ha permitido a la industria disfrutar de unos precios de la energía sensiblemente más bajos que en el resto de Europa. El CEO de Stellantis ha tomado nota de ello. Los cientos de proyectos de energía solar y eólica que entrarán en servicio en los próximos años permiten prever unos futuros precios energéticos por debajo de las grandes economías europeas, lo cual supone una ventaja competitiva de importantes consecuencias. Con la ayuda de Santiago Fernández Muñoz, profesor de Geografía Humana en la Universidad Carlos III de Madrid, el boletín Penínsulas abraza hoy un poste de la luz.

España está recibiendo un inesperado aluvión de propuestas de inversión para la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales, tecnológicos y energéticos (especialmente proyectos de generación de hidrógeno). Todos ellos aspiran a utilizar como única fuente de energía la electricidad 100% renovable. El listado de grandes proyectos supera el centenar y cada mes se incorporan nuevas candidaturas. Fábricas de baterías, de diamantes artificiales, terminales de producción y carga de hidrógeno para los barcos, centros de datos de Meta, Microsoft, Amazon y de empresas chinas, fábricas de fibras textiles, bombeos para centrales hidroeléctricas reversibles… A ello se añaden las grandes inversiones necesarias para electrificar la industria tradicional, los polos petroquímicos de Tarragona, Huelva y Castellón, los altos hornos de Asturias, la industria del País Vasco… Cuando analizamos las cosas bajo esta perspectiva entendemos mejor por qué en España se está librando una gran batalla por el tiempo político, por la duración de la legislatura. Dentro de dos años, la reindustrialización empezará a ser visible. ¿Quién lo capitalizará en términos políticos?

Si llegan a buen puerto un 20% de los proyectos en cartera, España registrará una inversión industrial sin precedentes en los últimos decenios. Hay donde elegir y no es una frase hecha. Se ha desatado, por ejemplo, la fiebre de los centros de datos. Circulan por el país decenas y decenas de proyectos de centros de datos, instalaciones que suenan a tecnología, progreso, y modernidad, pero que también levantan suspicacias. Los presidentes autonómicos y los alcaldes quieren anunciar e inaugurar centros de datos. La mayoría de esos centros generarán escaso empleo y poco ecosistema industrial. Son grandes contenedores de hardware con un alto consumo energía y agua. Hace unos días, el nuevo ministro Óscar López anunciaba la redacción de una “estrategia sostenible” para los data center.

Un proyecto de data center en Alcobendas  PRIME DATA CENTERS/PR NEWSWIRE / Europa Press

El factor decisivo para la viabilidad de los proyectos industriales de nuevo tipo es disponer de la potencia eléctrica que requieren. Cualquiera podría pensar que son los ministerios de Industria o Economía los que toman la decisión sobre estas inversiones. No, son el Ministerio de Transición Ecológica y Redeia, la antigua Red Eléctrica, quienes determinan finalmente si podrán conectarse a la red y por tanto si son viables las inversiones. El mapa de la reindustrialización lo está dibujando en buena medida Redeia, empresa que en estos momentos preside Beatriz Corredor, antigua ministra de Vivienda bajo la presidencia de José Luís Rodríguez Zapatero.

Es necesario entender el profundo cambio que está desarrollándose en la forma de producir electricidad. Se está pasando muy rápidamente de una producción estable, centralizada en algunos centenares de nodos con grandes capacidades (cinco centrales nucleares, 50 centrales de gas de ciclo combinado y varios cientos de centrales hidroeléctricas) a una producción dispersa en el territorio con miles de plantas de generación de energía fotovoltaica y eólica que va sumando nuevos nodos cada mes, con una potencia y estabilidad de producción mucho menor. A ello se añaden los cientos de miles de ciudadanos con pequeñas fábricas de energía solar en sus tejados con derecho a verter sus excedentes al sistema.

Hacen falta postes de luz. Nuevas líneas de alta y media tensión, incrementar la capacidad de las existentes, crear nuevos centros de transformación, puntos de acceso que permitan verter a la red la energía producida y convertirla luego en adecuada para el consumo doméstico o industrial. Hay que canalizar la producción de renovables concentrada en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha hacia la gran región metropolitana de Madrid, así como los flujos producidos en Aragón y Navarra hacia el área metropolitana de Barcelona y la costa mediterránea. El retraso de Catalunya en la implantación de las energías renovables contrasta con la retórica soberanista dominante durante la última década. Catalunya depende hoy de tres centrales nucleares de propiedad italiana (Endesa-Enel) y de la energía renovable que se produce en Aragón y Navarra, en buena medida. Durante largos años se ha hablado mucho en Catalunya del “derecho a decidir”, y se ha decidido muy poco sobre el desarrollo de las nuevas formas de generación de energía.

Las renovables y sus nuevas líneas se ubican casi siempre en territorios rurales despoblados, donde en ocasiones se perciben como otro capítulo más de un largo proceso de extracción de recursos hacía las grandes ciudades, sin que quede claro el retorno una vez acabadas las obras. Primero se llevaron la población, luego el agua, ahora la energía. Material para aumentar el resentimiento. La gran polémica del macroproyecto de Forestalia en Teruel es un buen ejemplo de las contradicciones que generan estos procesos.

Profundicemos un poco más en el tema. El Ministerio de Transición Ecológica es el responsable de la planificación de la red, pero quien debe ejecutarla es Red Eléctrica, ahora Redeia, una empresa del Ibex 35 privatizada en un 80% por el Gobierno de Aznar en 1999 de la que el Estado, a través de la Sepi, conserva una minoría de control del 20%. Los ingresos de Redeia tienen su origen en las tarifas que cada ciudadano paga mensualmente en su factura.