Unidas Podemos ha acusado al PSOE de retrasar la aprobación del Decreto-Ley para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma, al insistir durante la negociación que se compense “con dinero público” a los grandes tenedores de vivienda.
Pablo Iglesias se comprometió a que estaría vigente ya en estas fechas, y en todo caso antes de fin de año, pero “tras varias semanas de negociación y un acuerdo inicial que parecía definitivo, el PSOE continúa retrasando la aprobación del decreto de paralización de los desahucios propuesto por Unidas Podemos”, han apuntado fuentes próximas al Vicepresidente.
El principal motivo de discrepancia radica, según estas fuentes, en la exigencia por parte de los ministerios de Economía y Justicia de desplegar una “compensación” a los grandes tenedores de vivienda para que “no vean reducidos sus beneficios por esta medida”.

En concreto, relatan que el PSOE apuesta por abonar “con dinero público” a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría bancos y fondos de inversión, “el cien por cien del alquiler derivado de la paralización de los desahucios”.
Frente a esa posición, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido durante toda la negociación la necesidad de que los grandes tenedores de vivienda, que “gozan de beneficios millonarios” por el negocio inmobiliario que generan en España, “arrimen el hombro en esta crisis y entiendan que en plena pandemia no se puede echar a la gente de sus casas”.
“Sería una forma de asumir su responsabilidad social corporativa, ya que utilizan un bien de primera necesidad como es la vivienda como objeto de especulación”, han recalcado las fuentes consultadas sobre el planteamiento que ha transmitido Belarra a la parte socialista del Ejecutivo.

LA TENSIÓN SE REAVIVA
La cuestión de ampliar la prohibición de desahucios ya generó una fuerte tensión entre los socios de Gobierno durante semanas. Actualmente la paralización de lanzamientos está vigente hasta el 31 de enero de 2021 y se ciñe al impago del alquiler en situaciones generadas por la pandemia del coronavirus, un supuesto menos amplio que el que se pretende implantar ahora.
Otro punto de fricción es la prohibición de cortes de suministros básicos, que estuvo vigente hasta finales de septiembre, y que Unidas Podemos aspira a recuperar. De hecho, el lado morado del Ejecutivo buscaba vincular ambos asuntos pero finalmente se desligaron para desatascar en primer lugar los desahucios.
Las negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE (por medio del Ministerio de Transición Ecológica) tampoco han avanzado hasta el momento y los planteamientos de ampliar el denominado bono social eléctrico no satisfacen al socio minoritario.
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