El gobierno sigue adelante con sus planes, pero atempera sus plazos.
La derogación de la reforma laboral, según los términos acordados con EH Bildu para lograr su abstención a la prórroga del Estado de Alarma, debía producirse “antes de la finalización de las medidas extraordinarias” adoptadas con motivo del COVID-19. Pero, preguntada en la sesión de control del Senado, la ministra Yolanda Díaz ha alegado razones técnicas y el necesario acuerdo social para que la medida, tenga el alcance que tenga, no resulte tan inmediata. “Este Ministerio va a seguir trabajando y la derogación va a seguir su camino, pero estamos en una pandemia. Lo haremos en cuanto sea posible”, ha señalado.
El trasfondo de la noticia está en las diferentes sensibilidades que habría al respecto en el gobierno. No solo por la distinta postura de los ministros adscritos al PSOE y a Unidas Podemos, sino incluso por discrepancias entre los propios socialistas. Determinados aspectos de la derogación no contarían con el apoyo del sector más “ortodoxo” del Consejo de Ministros, que consideran que podría ser contraproducente para el empleo en un momento tan delicado como este, mientras que, por el contrario, otros miembros del ejecutivo insistirían en que la derogación debe ser “tan amplia y rápida como resulte posible”.
En ese contexto la ministra desea contar con la opinión de sindicatos y organizaciones empresariales para consensuar un nuevo texto que suscite el mayor número de apoyos posibles sin tensar demasiado a los diferentes departamentos ministeriales.
Por otro lado, en el Consejo de Ministros de hoy estaba prevista la aprobación del “Ingreso Mínimo Vital”, pero fuentes del ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escribá, señalan que podría retrasarse, al menos, hasta un Consejo extraordinario a celebrar este mismo viernes. Se ha adelantado que el IMV, que estaría condicionado a encontrarse en situación de “pobreza severa”, tendría un alcance de entre 462 y 1.015 euros, aunque los detalles de la prestación y si será complementaria de otras o completa, están aún por definir totalmente. Según los planes anunciados, debería poder solicitarse a partir del 1 de junio.
