Cuando los efectos del COVID-19 se empiezan a dejar sentir cada vez con más fuerza en nuestra economía, los ingresos tributarios amenazan con desplomarse, la carga de la deuda supera ya el 100% del PIB, y el gobierno trata de paliar los efectos más duros de la crisis tomando medidas como la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), queda claro que las cuentas públicas no cuadrarán si no se hacen ajustes adicionales.
Recordemos que seguimos, en materia presupuestaria, con la provisionalidad de los presupuestos de Montoro, que llevan ya dos años prorrogados, con lo que superarán los 1.000 días de vigencia. En las actuales circunstancias, tan diferentes, parece completamente inviable seguir así para 2021. Así que los nuevos presupuestos deberían estar listos para su aprobación en el Congreso a finales de septiembre. Esta es una exigencia derivada no solo de la política nacional y de la emergencia económica que se nos viene encima, sino también de Bruselas, que no estará dispuesta a aportar lo suyo a través del llamado Fondo Europeo de Reconstrucción, si España no ha hecho previamente los deberes.
La ministra de Hacienda María Jesús Montero, sucesora de Montoro, será la encargada de cuadrar el dificilísimo círculo de las cuentas públicas, ajustándolas a un déficit que, si bien todos asumen que deberá crecer y mucho, no podrá desbocarse más allá de lo asumible. Diversas fuentes cifran una caída de ingresos/aumento de gastos ya en este año, de, en una estimación muy a la baja, 30.000 millones de euros. ¿Cómo frenar esta dinámica para el próximo? La vía que parece escogerse, ante el inevitable aumento de gastos y la disminución de ingresos por los impuestos tradicionales, será la de la subida de otros impuestos o el establecimiento de tributos alternativos de nueva creación.
Las líneas fundamentales podrían ser estas:
¿Será suficiente esta batería de impuestos para “cuadrar” las cuentas de 2021, y presupuestar un déficit que no ahuyente a Bruselas?
- Impuesto a las tecnológicas (la llamada tasa Google)
- Impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin).
- Equiparación entre la fiscalidad del diesel y la gasolina, con la consiguiente subida recaudatoria por el primer concepto, y otras reformas adicionales en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
- Impuesto de Sucesiones (Comunidades autónomas), mediante una armonización que garantice la suficiencia recaudatoria de estas, quizás mediante la exigencia de que TODAS cobren algún tipo mínimo por este impuesto, sin que puedan dejarlo exento.
- Impuesto sobre el Patrimonio (Comunidades autónomas)
- Impuesto especial a las grandes fortunas, al margen de los anteriores (defendido más bien por U.P. y que despierta menos simpatías en sectores socialistas).
- Impuesto sobre los plásticos (vinculado a la nueva ley de residuos, que impondrá fuertes restricciones en este sector)
- Impuesto sobre sociedades, elevando la tributación general y, sobre todo, estableciendo un porcentaje mínimo a pagar por las grandes empresas, gocen de las deducciones y bonificaciones de las que gocen.
Una parte significativa de estas medidas tributarias descansan en el ámbito medioambiental, que dirige la ministra Teresa Ribera, cuyo departamento está trabajando en las últimas semanas para aportar a Hacienda los elementos técnicos necesarios para la implementación de las nuevas medidas.
Estas son las grandes cuestiones que el proyecto de presupuestos en el que se empieza a trabajar actualmente tendrá que responder. Y eso sin pensar siquiera en la otra mitad de la historia: cómo se conseguirán luego en el Congreso los votos necesarios para sacarlo adelante sin tener que hacer concesiones que comprometan, al final, el equilibrio conseguido antes con los nuevos impuestos.
