Las próximas semanas serán claves para saber cómo se repartirán los fondos que la Unión Europea va a poner a disposición de sus socios en los próximos años.
Hace más de un mes, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, después de unos comienzos de pandemia vacilantes, tomó las riendas y elaboró un plan. Propuso la implementación de un Plan Europeo de Reconstrucción que se concretaría en 500.000 millones de euros en transferencias y otros 250.000 en préstamos que ayuden a salir adelante a los estados. El Plan, que se ejecutará a lo largo de los próximos años, paralelamente a los presupuestos comunitarios, sería repartido entre los socios con unos criterios que favorecerían sobre todo a los países que llegan a este momento en peor situación financiera: Italia y España. Los dos países se llevarían casi la mitad de los recursos totales.
Desde que fue propuesto por la presidenta, todos parecen haberlo asumido, como quedó claro en la reunión de esta semana de los jefes de estado y de gobierno europeos (por vía telemática, por supuesto). Pero la reunión, que acabó sin un acuerdo concreto tal y como estaba previsto, y con el compromiso de adoptarlo en julio, también sirvió para otra cosa: para constatar que nada es gratis cuando se tratan de adoptar medidas que suponen costes: alguien acaba pagándolas, y quien paga, manda.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel espera que para la reunión auténticamente decisiva, la de mediados de julio, las posturas concretas puedan acercarse lo suficiente para adoptar acuerdos. Porque el tiempo empieza a apremiar y la reconstrucción no puede esperar. ¿Cuál es el problema? Básicamente, el de siempre: los países más beneficiados desearían recibir los fondos para aplicarlos según sus politicas, pero los que se sienten “pagadores”, atacan al plan de von der Leyen en dos frentes:
- Les parece excesivo en sus importes, y, sobre todo, desproporcionado en el balance entre ayudas y préstamos. Les gustaría que los fondos aportados no fueran mayoritariamente transferencias, sino préstamos reembolsables, y que no fueran permanentes ni se acabaran consolidando como una “costumbre europea”, sino que se garantice que se trata solo de una salida transitoria.
- No quieren que se produzca un endeudamiento con cargo a la unión que camufle la situación particular de los dos grandes del sur, que llegaron a la crisis con deudas públicas superiores al 100% de su propio PIB (Italia) o muy cercanas a esa cifra (España).
El club de los duros, integrado por países como Austria, Holanda, Finlandia o Suecia, sin embargo, es consciente de que al final tendrá que ceder frente a los poderosos centrales, Alemania y Francia, que están decididos a sacar adelante el plan y lograr, de paso, esa mayor integración y armonización europea que tantas veces se ha demandado y nunca se ha alcanzado del todo.
La batalla real, la que se librará en julio, será la de las condiciones y los importes. No gusta a muchos socios europeos que en el sur se adopten medidas que implican más gasto pero no se den pasos hacia las reformas estructurales. Así que el auténtico debate del mes que viene será el intento de muchos de reducir las cuantías de las ayudas, pero, más aún, definir cuáles serán las contrapartidas. Se pedirán medidas concretas a los beneficiados, con la intención de que se adopten al menos algunas de ellas, y se ya habla incluso de subidas del IVA, reformas del sistema de pensiones, la función pública, y toda una batería de compromisos de rigor que se pondrán encima de la mesa. La fuerza de los países del norte estriba en que saben que los del sur difícilmente saldrán adelante si no reciben este empujón comunitario, y se creen con derecho a exigir ajustes para que esto no vuelva a pasar. La fuerza de los del sur está en que saben que nadie desea romper la baraja, pero no encuentran cómo congraciar las exigencias con sus propias prioridades internas, que van en dirección contraria.
