Las decisiones clave que debe tomar la Unión Europea en las próximas semanas para permitir que los fondos previstos lleguen a sus destinatarios en 2021 y los años siguientes, dependen de la unanimidad de todos sus socios, y Hungría y Polonia lo saben. También sabía la Unión Europea que Hungría y Polonia necesitan (como muchos otros) esos fondos, y por eso la mayoría de los socios contaba con ello para “doblegar” su resistencia y conseguir su compromiso de “respeto al Estado de Derecho”.
El trasfondo del problema es la ideología de algunos de los gobiernos de Europa del Este, abiertamente contrarios a “moderneces” como la equiparación familiar de los homosexuales, o con una política inmigratoria profundamente restrictiva. Tanto, que según entienden otros el acervo “comunitario” podrían ir en contra de los principios básicos de la unión.
Casi un billón de euros está en juego para los próximos siete años, y esa es la excusa perfecta para la batalla. Hay tiempo, pero también hay miedo a que la postura intransigente de los del Este acabe empatanando el proceso y retrasando unos fondos que ya están tardando.
La ministra húngara de Justicia lo ha dicho con claridad: “No seamos hipócritas, todos sabemos lo que busca la condicionalidad (del Estado de derecho) en su forma actual”, “¿Cómo esperan que aprobemos una propuesta así? Tenemos la fortuna de ya no vivir en un sistema político en el se puede ser sancionado por discrepancias políticas”.
Esa es la cuestión: si se trata de “discrepancias políticas” que no pueden ser perseguidas, o si las objeciones del resto de países son, más bien, algo irrenunciable en el contexto de la Unión Europea. Quién acabe ganando la partida lo sabremos en las próximas semanas, porque lo que no podrá esperar mucho más son los fondos comunitarios. España, sin ir más lejos, incluye ya, como si estuvieran directamente adjudicados, 27.000 millones en su proyecto de presupuestos para 2021. No podrían cuadrar sin ellos.
