La cuestión de los derechos humanos entra de lleno en la Unión Europea, y condiciona su futuro. El gobierno húngaro de Viktor Orban da ya pasos concretos para bloquear el Fondo de recuperación, porque considera que el hecho de que estos fondos estén condicionados al respeto al Estado de derecho “va contra la confianza que debe haber” entre los estados miembros. La realidad, más allá de las palabras grandilocuentes, es que Hungría no quiere ser controlada en esta cuestión.
Al veto húngaro, con palabras más suaves y acciones menos contundentes, pero igual objetivo, se une Polonia. Los dos países se enfrentan a procedimientos abiertos por la Unión por incumplimiento de principios básicos comunitarios que se refieren, entre otros, a los derechos individuales, las garantías en la administración de justicia, y el trato a la disidencia y los extranjeros.
Ayer estaba previsto que los embajadores de los diversos estados diesen su aprobación previa a la Decisión de Recursos Propios, mecanismo que habilitará la ampliación presupuestaria necesaria para habilitar los fondos. Esta decisión debe ser aprobada por unanimidad… y ahí radica la fuerza húngara.
Mientras tanto, quedan en suspenso los 27.000 millones con destino a España que ya están contemplados en el proyecto de presupuestos y que deben liberarse en 2021, sin contar con más de 100.000 millones para ejercicios posteriores. El total de mecanismos previstos alcanza una cifra de 750.000 millones de euros para nuestro país. Sin estos recursos sería imposible que las cuentas cuadrasen en los términos en que están diseñadas.
Fuentes comunitarias señalan que este tipo de vetos son habituales (lo inusual es, más bien, el motivo alegado por Hungría) y que normalmente son superados tras una negociación en que las partes acercan posturas. El objetivo húngaro está claro: tener las manos libres en su política interior de derechos humanos.
