La Audiencia Nacional acaba de confirmar que Juan Carlos I recibió una comunicación de la Fiscalía de que estaba siendo investigado por dos posibles causas penales a principios del mes de noviembre.
Según el Código Penal español, la regularización fiscal y reconocimiento expreso de un delito fiscal exime de causas sobre el mismo solamente en el caso de que dicha persona no haya sido notificada previamente sobre una investigación en curso. Es decir, si el ciudadano por su cuenta y sin que nadie le advierta de que ha hecho algo mal, reconoce su error y hace una complementaria, se “libra” de consecuencias penales; en cambio, si el ciudadano es conocedor de que está siendo investigado y por ello presenta una complementaria para “librarse” de consecuencias, no es un eximente y está sujeto al posible delito.
Así, el emérito debería, supuestamente, enfrentarse a las investigaciones en curso a pesar del abono a Hacienda, y el hecho de haberlo hecho podría incluso ser considerado por la acusación como una suerte de “confesión” o reconocimiento de los presuntos ‘delitos cometidos’.
