El asunto del llamado “pin parental”, que ha sido uno de los temas estrella de los últimos dos años en Andalucía, puede acabar explotándole entre las manos al gobierno de Juan José Bonilla.
Hace dos semanas parecía que el tema podía quedar zanjado, con un acuerdo “a medio camino” entre las pretensiones de Vox por un lado, y lo que estaban dispuestos a conceder PP y Ciudadanos, por otro. El 11 de febrero de este año, Javier Imbroda, el consejero de Educación de la Junta, y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, firmaron un documento en el que se proponía implantar “durante los próximos seis meses” las normas necesarias para hacer una realidad esta aspiración contenida en el programa electoral de los de Abascal.
Pero ya entonces surgieron muchas dudas en cuanto al contenido del acuerdo, porque no fue difundido completamente. Solo se señalaba que con el acuerdo las partes se comprometían a “impulsar, antes de la finalización del presente periodo de sesiones, los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo“.
El texto firmado entonces era suficientemente ambiguo como para dejar tiempo a una negociación posterior, que es lo que ha debido ocurrir en estos 15 días. El resultado, por lo que se ve, no es satisfactorio para Vox, que se siente ninguneado por el ejecutivo de coalición PP-Ciudadanos.
Ahora la papeleta está en el tejado del ejecutivo andaluz: o se dan más pasos en la dirección que pretende Vox, o la minoría parlamentaria en que a partir de ahora quedará el gobierno, puede forzar, incluso, un adelanto electoral. La solución la conoceremos, probablemente, en unos días, coincidiendo además con la festividad de la comunidad autónoma, a celebrar el 1 de marzo.
