La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias ha adoptado este lunes un acuerdo con el que se pretende poner fin al conflicto surgido en el parlamento asturiano acerca de la utilización de la lengua asturiana en las intervenciones. Finalmente, se ha resuelto que los diputados que no entiendan un discurso precisen qué parte no comprenden y que los oradores les aclaren esas dudas en castellano, siempre que no exista una versión previa traducida del discurso.
No obstante, según han precisado fuentes parlamentarias la decisión de que se aclare o no esas dudas siempre va a depender del presidente de la sesión “en el ejercicio de su función de dirección de los debates y velando por la buena marcha de las deliberaciones”.
La propuesta ha sido aprobada por mayoría, con los votos a favor del presidente del Parlamento asturiano, Marcelino Marcos Líndez (PSOE), el de la vicepresidenta primera, Celia Fernández (PSOE), y el del secretario primero, Ovidio Zapico (IU). El secretario segundo, Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos), se ha abstenido y el vicepresidente segundo, Pablo Álvarez-Pire (PP), ha votado en contra, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Así, los criterios que se van a aplicar a partir de ahora establece que para que sean tenidas en cuenta, las dificultades de comprensión “deben ponerse de manifiesto expresamente por quien aduzca experimentarlas, sin que quepa, pues, suponerlas con carácter general, y al término de la intervención de que se trate con el fin de evitar interrupciones y para una mejor valoración de la situación”.
Añade que, una vez puestas de manifiesto, no impedirán el uso del bable/asturiano, pero, de no haber sido la intervención facilitada por escrito en castellano, conllevarán la habilitación del tiempo que se estime adecuado para que el orador efectúe en castellano las aclaraciones que sean precisas para el entendimiento de la intervención.
ANTECEDENTES
El 1 de julio de 2020, la Junta General reformó su Reglamento reemplazando el citado artículo 11 por un nuevo artículo 3 bis con dos apartados, estableciendo que tanto los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara, podrán utilizar el bable/asturiano.
Vox decidió impugnar ese artículo ante el Tribunal Constitucional entendiendo que se establecía atributos de cooficialidad al asturiano y que podía suceder que hubiera diputados que no entendieran las intervenciones.
Ese recurso de inconstitucionalidad fue rechazado, si bien el Tribunal Constitucional señalaba que la Mesa de la JGPA debía establecer las medidas oportunas “para impedir que el desconocimiento del bable por los representantes suponga un obstáculo para el ejercicio de tales funciones de debate y control”.
