El Gobierno ha recordado al alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, que el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática es ineludible y que en este tema no cabe moverse en la “ambigüedad” ni utilizar un “lenguaje calculado” y lo ha hecho al hilo de la polémica que generaron las palabras del primer edil capitalino reivindicando que el fundador de la Legión, José Millán Astray, cuente con una calle en la ciudad.
Fue el pasado mes de noviembre cuando, en la inauguración de un monumento en honor a la Legión, Martínez Almeida aseguró que “a lo largo y ancho” de la capital se rinde tributo a este cuerpo militar. Así, recordó que en Carabanchel está la calle que lleva el nombre de su fundador y que también da nombre a otra vía Baltasar Queija de la Vega, el primer legionario caído en combate en Marruecos en 1921.
El alcalde reivindicaba así la vuelta al callejero madrileño del fundador de la Legión, que en 2021, tras una sentencia judicial recuperó la vía de la que había sido despojado en 2017, bajo el mandato de Manuela Carmena, en aplicación de la entonces vigente Ley de Memoria Histórica.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunció que su departamento iba a investigar si el alcalde había incurrido en un “incumplimiento de la ley”. “Los servicios jurídicos y técnicos del ministerio están trabajando, vamos a darles tiempo para que concluyan y dictaminen lo que corresponda”, comentó.
De su lado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, se interesó por las acciones anunciadas por Bolaños y registró una pregunta en el Congreso para saber qué le parece al Gobierno que el alcalde, a su juicio se mostrarse “en total rebeldía contra la nueva Ley de Memoria Democrática”, que había entrado en vigor días antes de la polémica.
HUMILLACIÓN DE VÍCTIMAS Y EXALTACIÓN DE REPRESORES
En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Moncloa recuerda que la ley vigente dispone que se considerarán actos contrarios a la memoria democrática los realizados en público y “que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.
“A tal efecto, si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal”, apunta el Ejecutivo que no informa de que haya dado cuenta de nada al Ministerio público.
Así, explica que tiene constancia del acto de inauguración de la estatua de homenaje a la Legión, algo que no cuestiona porque es *un “cuerpo militar que forma parte de las Fuerzas Armadas españolas”, y reconoce que el alcalde “se apresuró a negar haber realizado loa alguna al general Millán Astray, habiéndose limitado a mencionar la calle” dedicada a él.
Eso sí, el Gobierno aprovecha para subrayar que “el cumplimiento de las leyes es exigible en todo caso, sin que quepa al respecto ambigüedad ni lenguaje calculado que pueda parecer que desvirtúa sus objetivos” y recuerda que el objetivo de la ley es “el fomento de la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los principios, valores y libertades constitucionales, y la necesaria supresión de elementos de división entre la ciudadanía”.
“Este deber es aún más exigible en el caso de un responsable público”, enfatiza Moncloa como colofón a la respuesta que ha remitido al líder de Más País.
