El PP quiere reformar el Reglamento del Congreso para evitar que la Mesa de la Cámara pueda bloquear ‘sine die’ la tramitación de proposiciones de ley registradas por los grupos parlamentarios de la oposición. Se trata de iniciativas que el Pleno acepta discutir pero que no terminan de arrancar su recorrido parlamentario porque se topan con continuas ampliaciones de los plazos para el registro de enmiendas.
En este momento ya hay cuatro proposiciones de ley en esta situación. Dos son de Sumar –pese a que la coalición que lidera Yolanda Díaz tiene mayoría con el PSOE en la Mesa del Congreso– otra es de ERC y la cuarta lleva la firma del PNV.
Fue el pasado 19 de diciembre cuando el Pleno tomó en consideración la proposición de ley orgánica de Sumar para reformar el Código Penal en aras de garantizar la libertad de expresión y acabar con delitos como las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Desde entonces, la Mesa del Congreso ha ido aprobando prórrogas para la presentación de enmiendas y no ha podido avanzarse más.
En aquella misma sesión se dio vía libre a una ley de Esquerra Republicana (ERC) para acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes. Pese a que la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, había descartado el apoyo a su tramitación y, en contra de lo que defendió el PSOE en el propio debate parlamentario, al final los socialistas votaron a favor de su toma en consideración.
Desde febrero está bloqueada en la Mesa la reforma de la Ley de Secretos Oficiales registrada por el PNV, la misma iniciativa que quedó enterrada en la anterior legislatura bajo continuas ampliaciones de plazos de enmiendas. Y lo mismo está pasando con la proposición de ley de Sumar que busca recuperar la jurisdicción universal y que España pueda, por ejemplo, perseguir crímenes de Israel.
DOS MESES Y MEDIO MÁXIMO
Aprovechando la reforma feminista del Reglamento que se tramita en el Congreso y que traduce sus normas al lenguaje inclusivo, el PP ha registrado enmiendas para intentar poner coto a esta práctica habitual en la Mesa de la Cámara para demorar o directamente imposibilitar la tramitación de determinadas iniciativas.
Esta fórmula se suele utilizar también en el caso de los proyectos de ley que derivan de decretos ley del Gobierno. Estas son leyes que están en vigor desde que las aprueba el Consejo de Ministros, reciben el aval del Congreso pero los grupos fuerzan su tramitación como proyectos de ley con intención de introducir cambios.
En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP plantea que los decretos ley tramitados como proyectos de ley, las proposiciones de ley de los grupos y las leyes remitidas al Congreso por las comunidades autónomas que se tomen en consideración puedan estar como máximo dos meses y medio en plazo de enmiendas.
Los ‘populares’ fijan criterios específicos para la ampliación de los plazos. Así, al plazo inicial de 15 días añaden una posible primera prórroga por otros 15 sí lo solicitan dos grupos que representen a una décima parte de los diputados (35 diputados). Para conceder un tercer plazo deberán pedirlo dos grupos que representen a una octava parte de la Cámara (44 diputados) y, transcurridos dos meses, únicamente se concederá otra prórroga si la piden, como grupos que sumen al menos 210 diputados.
Y NO DEMORAR LA CONVOCATORIA DE PONENCIA
Además, los de Alberto Núñez Feijóo quieren que, una vez presentadas las enmiendas parciales a las iniciativas legislativas, no se pueda demorar su discusión en ponencia, el paso previo para su aprobación en la comisión correspondiente. Concretamente proponen que la ponencia se tenga que constituir y empezar a trabajar “dentro de los quince días siguientes” a la fecha de registro de las enmiendas .
En este momento en la Cámara hay tres proyectos de ley pendientes de ser discutidos en ponencia. Dos de ellos, derivados de sendos decretos leyes convalidados el pasado mes de enero. Los grupos registraron sus enmiendas a principios de marzo pero, dos meses después, aún no se ha reunido la ponencia para estudiarlas, y eso que se tramitan por el procedimiento de urgencia.
Se trata de la ley con medidas para afrontar las consecuencias de económicas de las guerras de Ucrania y Oriente Próximo de la que contempla medidas en materia de Justicia. Ambas derivan de sendos decretos ley que se convalidaron gracias a que el PSOE llegó a un acuerdo in extremis con Junts.
Los diputados de la formación independentista no participaron en la votación tras comprometerse el PSOE a suprimir el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, a su juicio, ponía en peligro la amnistía, y abrirse a modificar la ley para facilitar el retorno de empresas a Cataluña y al traspaso determinadas políticas migratorias.
Tampoco hay fecha todavía para la ponencia de la Ley de Paridad, aunque los grupos registraron sus enmiendas el pasado 24 de abril. Este texto, que se tramita por la vía ordinaria, llegó a la Cámara en diciembre y se aceptó tramitar a finales de febrero.
