Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia, por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por el presunto cobro de comisiones –en efectivo y en especie– a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública durante la pandemia.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que los agentes de la Benemérita se han personado la mañana de este martes en el inmueble propiedad del actual diputado del Grupo Mixto en busca de documentación sobre contratos de obra civil y le han requisado al exministro su teléfono móvil y demás dispositivos electrónicos para su volcado.
Se trataría de diligencias secretas acordadas en el marco de una pieza separada, en las que la Guardia Civil también ha registrado empresas por orden del magistrado instructor, según las fuentes consultadas.
En el informe que presentó la UCO el pasado marzo sobre el patrimonio de Ábalos, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, el exministro figura como propietario de una vivienda en Valencia comprada en 1987, del que sería dueño al 100% “una vez liquidada la sociedad conyugal con su entonces esposa”.
Los investigadores también detectaron que Ábalos estaba vinculado a Fiadelso, la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social. Aunque la sociedad “fue extinguida en el año 2023”, para la UCO “resulta de interés” porque “la vinculación de Ábalos y su entorno familiar con Fiadelso habría perdurado a lo largo de los años, llegando hasta el presente”.
En el informe consta a su vez que una de las exmujeres de Ábalos formó parte del patronato de Fiadelso y que, en 2003, el exministro –junto a otras dos personas, entre ellos el presidente de la fundación, Gustavo Casal,– compró un local en Valencia donde se ubicó la sede de dicha sociedad. Sobre el mismo pesaba una hipoteca de 135.000 euros y Ábalos era propietario del 33,33% (44.995,50 euros).
CONTRATOS SEÑALADOS POR DE ALDAMA
Las fuentes jurídicas consultadas han precisado que Puente ha ordenado los registros de este martes a raíz de la documentación aportada a la causa por parte del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, incluido un listado de presuntos contratos preadjudicados a constructoras.
Serían anexos de inversiones del Ministerio de Transportes, en concreto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y centrados principalmente en la Dirección General de Carreteras.
En dicho listado, de 75 páginas, aparecen subrayados proyectos menores, como la construcción de variantes en carreteras nacionales, la construcción de nuevos tramos o la remodelación y acondicionamiento de algunos de ellos. Según De Aldama, los subrayados en color rosa serían contratos públicos ya preadjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados.
SIETE MESES DE INVESTIGACIÓN
El registro en el domicilio de Valencia tiene lugar siete meses después de que el Supremo abriera causa contra Ábalos tras recibir la petición por parte del juez de la Audiencia Nacional a cargo del denominado ‘caso Koldo’, llamado así por su exasesor ministerial Koldo García.
Es la primera vez que el alto tribunal ordena registrar un inmueble del exministro, que ya ha declarado en dos ocasiones ante el magistrado instructor para negar que hubiese cobrado comisión alguna.
A lo largo de la investigación, Ábalos ha pedido al magistrado que aparte a la UCO de las pesquisas. Acusa a los agentes de realizar “filtraciones” sobre su vida, algo que –a su juicio– “denota tintes de inquina y venganza”. Tanto el instructor como la Sala de Apelación han denegado sus reclamos.
El exministro también ha defendido que está siendo víctima de una investigación prospectiva, pero la Sala de Apelación del Supremo ha avalado la causa que dirige el magistrado Puente.
