El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el ‘caso Koldo’, atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un rol de cierta “preeminencia” en las supuestas corruptelas.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, considera que Cerdán “se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a los señores (José Luis) Ábalos y (Koldo) García”.
“En este sentido, mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos que a todos ellos se atribuyen”, dice.
El magistrado ve “un elocuente denominador común” en los presuntos amaños de obras en el hecho de que “todas ellas fueron adjudicadas a la empresa Acciona Construcción actuando en UTE con otras de menor envergadura, sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”.
AVALA LOS AUDIOS DE KOLDO
Con todo, el instructor aprecia “notabilísimos indicios” contra Cerdán, avalando las grabaciones que realizó el propio Koldo entre 2019 y 2023 de conversaciones en las que intervenía junto al exdirigente socialista y Ábalos, que han sido cuestionadas por estos dos últimos.
“No es a menudo que se dispone de conversaciones protagonizadas (…) por los propios partícipes en los hechos aparentemente delictivos que son objeto de investigación. Ni esas conversaciones, cuando existen, resultan regularmente tan explícitas”, dice.
Destaca que “no son consecuencia de una intervención judicial en las comunicaciones de los investigados, sino que fueron halladas en poder de uno de ellos, quien habría resuelto, por algún motivo no difícil de imaginar, grabarlas primero y conservarlas después en su poder”.
Descarta que dichas grabaciones pudieran “haber sido manipuladas, alteradas o simuladas”, desechando igualmente “como hipótesis mínimamente factible que Koldo tuviera la condición de agente encubierto o provocador”.
ANTICORRUPCIÓN APUNTA DELITOS FISCALES Y MALVERSACIÓN
Puente ha tomado esta decisión tras escuchar su declaración como imputado, que ha durado alrededor de una hora y en la que solo ha contestado a preguntas de su abogado, ni siquiera del propio magistrado ni del fiscal.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que Cerdán ha negado cualquier implicación en la presunta trama, negando también pagos al PSOE, al tiempo que ha asegurado que su irrupción en la causa es fruto de una “cacería política por ser el arquitecto de los gobiernos progresistas”.
Tras ello se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares en la que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza al considerar que Cerdán es “el jefe de la organización criminal”, de acuerdo con las citadas fuentes.
El fiscal ha alegado que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, subrayando que las conversaciones y mensajes en los que se basa su imputación son “explícitos”, por lo que ha considerado ofensivo que insinúe que es víctima de una persecución política.
En la vistilla, el fiscal ha sostenido que se valió de Ábalos y García para penetrar en un Gobierno que en realidad le era ajeno y, concretamente, en el ministerio con mayor presupuesto, para actuar en su beneficio y el de otros a través de los presuntos amaños.
De esta forma, Anticorrupción ha ido un paso más allá que con Ábalos y García, para quienes solo pidió prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial, medidas cautelares que se ratificaron la semana pasada. Para éstos, las acusaciones populares también reclamaron cárcel pero el instructor lo rechazó. En esta ocasión se han adherido a la petición del fiscal.
Fiscalía ha apuntado también a posibles delitos de malversación y contra la Hacienda Pública pero el magistrado entiende que “no es ahora el momento de profundizar” en ello.
El instructor descarta que haya riesgo de reiteración delictiva, minorando asimismo el de que pueda fugarse, pero sí ve “un peligro fundado” de que “pudiera proceder a la ocultación, destrucción o alteración de fuentes de prueba relevantes para un futuro enjuiciamiento”.
