El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha advertido a España de que no ha cumplido sus recomendaciones sobre la regulación de los asesores políticos ni sobre la reforma del aforamiento. También lamenta que la normativa sobre los grupos de interés o ‘lobbies’ aún no se ha materializado y que ha omitido la obligación de hacer públicas las agendas entre lobistas y altos cargos.
En su informe de 2019, el GRECO recomendó reforzar el régimen de los asesores políticos para igualarlo al de los altos cargos con funciones ejecutivas en cuanto a transparencia e integridad. Sin embargo, la organización constata que esta recomendación aún no ha sido implementada, según el informe de seguimiento al que ha accedido Europa Press.
No obstante, reconoce avances mediante el ‘Plan de Acción para la Democracia’, que incluye iniciativas como la exigencia de idoneidad, buena reputación y formación específica para el puesto.
La normativa elaborada por el Gobierno contempla medidas como el régimen de exclusividad, un catálogo estricto de incompatibilidades y la obligación de hacer públicas las declaraciones de actividades, bienes, salarios y agendas. Estas exigencias equiparan su situación a la de ministros o parlamentarios. Sin embargo, la ley aún no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, lo que impide su evaluación y cumplimiento formal.
En cuanto a la reforma del aforamiento, el GRECO advierte de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha aplicado la recomendación de 2019 destinada a evitar que esta figura obstaculice los procesos judiciales contra miembros del Gobierno acusados de corrupción. El informe constata que no se han producido avances estatales, pese a algunas reformas subnacionales.
El Gobierno sostiene que el aforamiento no elimina responsabilidades penales, sino que traslada la instrucción al Tribunal Supremo, aunque el GRECO insiste en la falta de avances tangibles.
Respecto a la regulación de los ‘lobbies’, se destaca que los intentos de normativizar estas actividades “no se han materializado en la práctica”. La publicación de las agendas de los altos cargos sigue pendiente, y el GRECO califica la omisión de esta medida como una “oportunidad perdida”.
El organismo celebra la aprobación del anteproyecto de ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, pero subraya que aún se encuentra en tramitación parlamentaria. Critica también que la normativa se centra únicamente en los lobistas y no aborda adecuadamente el papel de los altos cargos que interactúan con ellos.
En materia de transparencia, se reconocen algunos avances desde la entrada en vigor del convenio europeo, aunque persisten problemas como los largos tiempos de respuesta y las barreras al acceso público a la información.
Por último, se indica que el Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno ha ganado independencia, aunque todavía carece de plena capacidad sancionadora. También se subraya la necesidad de reforzar las restricciones al empleo tras el ejercicio del cargo público, las denominadas ‘puertas giratorias’, y mejorar la supervisión y publicación de datos financieros. La Oficina de Conflictos de Interés sigue sin contar con independencia efectiva ni presupuesto propio.
