La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que la causa por presunta malversación se vea ante un jurado popular, si llega a juicio. El abogado de Gómez, Antonio Camacho, sostiene que no se cumplen los requisitos legales para este tipo de procedimiento. Argumenta que no existe el delito de malversación, que ninguno de los tres investigados puede ser considerado autor del mismo y que la imputación no es “verosímil”.
El recurso se presenta tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señala que la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, contactó con una quincena de patrocinadores de la cátedra codirigida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. La defensa afirma que Álvarez solo envió correos como “favor” personal, dentro de usos sociales habituales, sin que esa conducta pueda constituir delito alguno.
Durante el año y medio que Peinado ha investigado a Gómez, ha ido ampliando los delitos imputados: de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a apropiación indebida e intrusismo. Además, ha abierto una segunda línea de investigación para esclarecer si hubo malversación en la contratación de Álvarez como asesora en actividades privadas de Gómez.
Camacho alega que Gómez no cumple con la condición de funcionaria pública requerida para cometer malversación y que no cobraba por su trabajo en la cátedra de Transformación Social Competitiva. También critica que correos clave para la acusación no fueron facilitados a la defensa hasta cinco días después de transformarse la causa en procedimiento con jurado.
El letrado subraya la falta de regulación sobre las funciones de los asistentes de los cónyuges de presidentes del Gobierno, indicando que no existe normativa que defina sus competencias. Asimismo, la defensa de Álvarez también ha recurrido la decisión judicial, argumentando que va contra el criterio de la Audiencia Provincial, que ya descartó indicios de malversación.
