El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha rechazado archivar la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha decidido imputar a Judith González Pedraz, directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno.
Peinado ha dictado una resolución de 44 páginas en la que también cita a declarar a nueve testigos entre los días 12 y 28 de noviembre. Entre ellos figuran Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, y Diego del Alcázar, presidente del Instituto de Empresa.
Además de Begoña Gómez, continúan como investigados la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a los que ahora se suma esta nueva imputación.
El magistrado mantiene abierta la instrucción por los delitos de malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. Considera que hay indicios suficientes de irregularidades en la actividad académica de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y el papel que desempeñó su asesora en la captación de fondos y contratos.
Peinado desestima la petición de archivo formulada por la Fiscalía y descarta llamar a declarar al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al no considerarlo necesario en esta fase procesal.
El juez subraya que la asesora percibía retribuciones públicas mientras desarrollaba tareas paralelas en el entorno universitario, lo que a su juicio podría tener relevancia penal. También argumenta que los delitos de malversación y tráfico de influencias están “intrínsecamente unidos”, por lo que rechaza separar la causa en diferentes piezas.
Esta decisión judicial representa un giro en la causa, que hasta ahora había recibido solicitudes de archivo, especialmente por parte del Ministerio Público, que no veía indicios delictivos claros en la actuación de Begoña Gómez.
