Una jueza de Madrid ha citado a declarar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una investigación por presunta revelación de secretos. Rodríguez deberá comparecer el próximo 6 de mayo en calidad de denunciado y querellado, asistido por su abogado, tras la difusión de datos personales de dos periodistas.
La citación se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir la causa y admitir a trámite tanto la denuncia presentada por el PSOE como la querella interpuesta por los periodistas afectados, redactores del diario El País. El procedimiento busca esclarecer si el jefe de gabinete de Ayuso incurrió en un delito al difundir información privada de los reporteros.
Los hechos que motivan la investigación se remontan al 19 de marzo de 2024. Ese día, Miguel Ángel Rodríguez compartió en un chat con medios de comunicación los nombres, apellidos y una fotografía de dos periodistas que habían sido identificados previamente por la policía. Según las denuncias presentadas, la información difundida incluía datos personales e insinuaciones falsas sobre los periodistas, lo que habría tenido como objetivo intimidarlos.
Los reporteros se encontraban trabajando en informaciones relacionadas con el presunto fraude fiscal investigado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. En ese contexto, habían acudido a las inmediaciones del domicilio de Ayuso para recabar información vinculada con la investigación periodística en curso.
Tras la difusión de los datos, tanto los periodistas afectados como el PSOE presentaron acciones judiciales al considerar que la actuación podía constituir un delito de revelación de secretos recogido en el artículo 197.1 del Código Penal. Según las acusaciones, la información difundida habría sido obtenida a partir de la identificación policial realizada por un agente encargado de la seguridad de la presidenta autonómica.
Inicialmente, el caso había sido archivado por el juzgado instructor al considerar que los datos difundidos no tenían carácter reservado. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid decidió posteriormente reabrir el procedimiento al apreciar indicios que justificaban continuar con la investigación.
Como consecuencia de esta decisión, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a declarar a Rodríguez el 6 de mayo. Ese mismo día también están llamados a comparecer varios testigos relacionados con los hechos, entre ellos los propios periodistas afectados y otras personas vinculadas al episodio.
La investigación judicial tratará de determinar el origen de los datos difundidos y las circunstancias en las que se produjo su publicación en el chat con periodistas. El proceso pretende esclarecer si la difusión de la identidad y la imagen de los reporteros pudo constituir un uso indebido de información personal y si esa actuación puede encajar en el delito de revelación de secretos.
El caso se inscribe en un contexto político y mediático marcado por las investigaciones sobre el presunto fraude fiscal atribuido a Alberto González Amador, una causa que ha generado una intensa controversia pública y diversas actuaciones judiciales relacionadas con la difusión de información y filtraciones en torno al procedimiento.
