Alberto González Amador ha respaldado durante su declaración como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la versión ofrecida por Miguel Ángel Rodríguez en relación a la presunta difusión de datos personales de dos periodistas. La pareja de Ayuso ha comparecido a instancias de una petición del PSOE, personado en el procedimiento, al considerar que su declaración resultaba “necesaria, proporcional y pertinente” para esclarecer el origen de la información y de la imagen de los dos informadores cuya identidad fue difundida en un chat de periodistas. La declaración, que ha durado una medida hora, se ha centrado en constatar la versión que ofreció Rodríguez. A su salida, el empresario se ha negado a contestar a las preguntas de los periodistas. La abogada del investigado se ha limitado a señalar que se ha constatado la inocencia de su cliente, sin detallar si el empresario ha aportado algún tipo de documentación visual. El jefe de Gabinete de Ayuso manifestó que fue González Amador quien le reenvió una imagen de los periodistas facilitada por “un vecino” molesto, circunstancia que llevó a la jueza a acordar la comparecencia de la pareja de la presidenta madrileña para aclarar la cadena de transmisión de la información. La investigación judicial se centra en determinar si la divulgación de los nombres y una fotografía de dos periodistas que realizaban informaciones sobre el entorno de la presidenta madrileña pudo constituir un delito de revelación de secretos. En la misma resolución, la magistrada rechazó otras diligencias solicitadas por la acusación, entre ellas el análisis del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, el requerimiento de comunicaciones entre éste y González Amador o la declaración de varios responsables policiales, al considerar que dichas actuaciones no resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados. La declaración de González Amador se enmarca en una causa en la que Miguel Ángel Rodríguez figura como único investigado y en la que el juzgado trata de determinar el origen de los datos personales y de la fotografía difundidos, así como si su divulgación pudo vulnerar la normativa de protección de datos y el derecho a la intimidad de los periodistas afectados.
