El Congreso afrontará la próxima semana la votación de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española, una iniciativa que podría beneficiar a unas 80.000 personas y que llegará al Pleno en plena crisis por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta y en un momento especialmente sensible para las relaciones con Marruecos.
La ley, que arrancó su tramitación con el voto en contra del PSOE, llega el próximo jueves al Pleno después de que los socialistas y Sumar pactaran el articulado y lograran el apoyo de los habituales socios parlamentarios en la Comisión de Justicia del pasado 23 de julio. Vox votó en contra cuestionando todo el proceso, mientras que el PP y Junts optaron por la abstención.
La votación definitiva coincide con un momento en que, tras la crisis migratoria de Ceuta, se han tensionado mucho las relaciones con Marruecos, que reivindica como propio todo el territorio del Sáhara Occidental.
De hecho, todos los partidos salvo el PSOE creen que el régimen alauí favoreció o impulsó dicha avalancha, sobre todo después del informe publicado esta semana elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.
Ante esta situación, uno de los propulsores de esta ley, el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, Enrique Santiago, espera que lo ocurrido en Ceuta no influya en el Pleno en los partidos que ya han mostrado su voto a favor, en alusión al PSOE, y ha expresado su deseo de que Vox cambie su posición y se sume a la iniciativa “para no situarse en una posición que sólo beneficia a Marruecos”.
En declaraciones a los medios, el dirigente de IU recuerda que Marruecos se ha opuesto a la tramitación de esta ley y que portavoces de partidos nacionalistas marroquíes la han interpretado como una “ofensa” a ese país; algo que Santiago ha rechazado porque, según ha defendido, la norma responde “al abandono del pueblo saharaui por parte de España”.
Rabat considera al Sáhara Occidental parte de Marruecos, por lo que no ve bien esta nacionalización. Eso sí, su propuesta de autonomía para la antigua colonia española cuenta desde 2022 con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE, que dejó de lado su posición tradicional de impulsar un referéndum de autodeterminación.
El texto que llega al Pleno establece que concurren las “circunstancias excepcionales” necesarias para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residan legalmente en España.
Para demostrar esa condición podrán presentar un DNI español, aunque esté caducado; el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas; un certificado de nacimiento debidamente apostillado o legalizado; o certificados de nacimiento, libros de familia y documentos que acrediten haber sido empleado público expedidos por la Administración española en la antigua provincia.
El trámite parlamentario en la Comisión de Justicia amplió además los documentos admitidos para acreditar esa vinculación y permitirá valorar conjuntamente certificados de escolarización, pensiones de jubilación, permisos de conducir españoles, certificados de hospitalización y asistencia médica y cualquier otro documento expedido por una autoridad administrativa española en el que figure el nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977.
Los descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad mediante este procedimiento dispondrán de cinco años desde la inscripción de la nacionalidad de cualquiera de sus progenitores en el Registro Civil para optar también a la nacionalidad española.
La norma modifica además el Código Civil para incluir a los saharauis entre los colectivos que pueden obtener la nacionalidad española después de sólo dos años de residencia legal en España, el mismo plazo establecido para nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y para los sefardíes.
Las solicitudes por carta de naturaleza serán gratuitas y podrán presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, plazo que podrá ampliarse un año más. Justicia deberá resolver los expedientes en el plazo máximo de un año y solicitará previamente informes de los órganos correspondientes de los ministerios de Interior y Justicia.
La ley entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y obliga además al Gobierno a poner en marcha, en un máximo de seis meses desde esa publicación, un procedimiento específico dentro de la aplicación informática existente para agilizar la tramitación de las solicitudes.
Aunque el PP se abstuvo en la votación del dictamen en comisión, los ‘populares’ han decidido mantener vivas ante el Pleno ocho de sus enmiendas, relativas, entre otros aspectos, al artículo primero sobre la concesión de la nacionalidad, al procedimiento previsto en el artículo segundo y a la modificación del Código Civil, ya que ponen en duda las garantías para llevar a cabo estas nacionalizaciones.
Junts optó por la abstención, pese a compartir el fondo de la iniciativa, y acusó al PSOE y al Gobierno de “instrumentalización política” por reactivar “deprisa y corriendo” en julio una norma que había permanecido un año y medio en la ‘nevera’ del Congreso.
Por su parte, Vox cuestionó los efectos de la medida, pues teme que anime a “muchos saharauis a cruzar el Estrecho y entrar en nuestro país”. Además, denunció que esta norma llega en un momento en el que el Gobierno “está regalando nacionalidades españolas, pasaportes y derecho al sufragio a paladas”.
