El Pleno del Congreso decidirá esta semana si por primera vez tumba un dictamen sobre la Cuenta General del Estado, en concreto la correspondiente a 2024, ante la falta reiterada de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y después de que el Ejecutivo utilizara cerca de 2.400 millones de euros de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones.
La Cámara Baja acogerá el próximo jueves, 10 de septiembre, el debate sobre el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde se expresó el rechazo a la Cuenta General del Estado de hace dos años, así como sobre la resolución adoptada por dicha comisión, según consta en el orden del Pleno de la próxima semana.
Por un lado, el dictamen de la comisión que congrega a Congreso y Senado, y donde PP y Vox tienen mayoría, expresa su rechazo a la Cuenta General del Estado.
Por otro, la resolución pide directamente devolver al Tribunal de Cuentas esa Declaración sobre la Cuenta General por diferentes motivos, como la “ausencia de Presupuestos Generales del Estado”, el uso de las modificaciones presupuestarias ejercido por el Gobierno y los “riesgos inherentes” derivados de esta práctica.
La resolución plantea así devolver al Tribunal de Cuentas la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024, poniendo el foco especialmente en la ausencia de unas nuevas cuentas públicas y en las modificaciones presupuestarias realizadas por el Ejecutivo.
SE PIDE DEVOLVER EL INFORME
Otros de los motivos que alega la resolución para devolver la Cuenta General del Estado son el “deterioro de las cuentas públicas” y el voto particular que un consejero del Tribunal de Cuentas presentó a la declaración tras conocerse el uso de los fondos europeos sobrantes para pagar pensiones.
En concreto, el Ejecutivo utilizó cerca de 2.400 millones de euros procedentes de fondos europeos sobrantes para destinarlos al pago de pensiones, una circunstancia que figura entre los argumentos esgrimidos en el proceso de rechazo de la Cuenta General del Estado.
Dentro de esa resolución, se pide además al organismo fiscalizador que realice, en un plazo “improrrogable e inexcusable” de tres meses, un informe que detalle las consecuencias que conlleva no tener unos Presupuestos actualizados.
La petición pretende que el Tribunal de Cuentas analice específicamente los efectos derivados de la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y las consecuencias que tiene sobre las cuentas públicas recurrir a unas cuentas prorrogadas y a modificaciones presupuestarias.
El debate llegará al Pleno después de su paso por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, órgano compuesto por diputados y senadores y en el que PP y Vox cuentan con mayoría. Será ahora el conjunto de la Cámara Baja el que deberá pronunciarse sobre el dictamen y la resolución aprobados en comisión.
Si finalmente el Parlamento acaba derribando la Cuenta General del Estado, sería la primera vez en los últimos años que se produce una situación de este tipo.
Hace sólo un año, el informe del Tribunal de Cuentas fue aprobado, aunque entonces contó con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La votación prevista para este jueves determinará, por tanto, si el Congreso confirma el rechazo expresado previamente en la comisión y devuelve al Tribunal de Cuentas la declaración correspondiente al ejercicio de 2024.
