Los ministros de Asuntos Europeos de varios socios han avisado este martes a España de que no ven aceptable la nueva estrategia del Gobierno de condicionar que los Veintisiete cedan al reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE para que España no frene el proceso de ampliación de nuevos Estados miembro, tal y como defenderá este mismo martes en una reunión en Bruselas el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.
“Para Lituania esto no es aceptable“, ha advertido a su llegada de la reunión de ministros europeos el vicemininistro de Asuntos Europeos del país, Sigitas Miktus, al ser preguntado por la prensa por cómo valora su Gobierno la amenaza del Gobierno de Pedro Sánchez de bloquear el proceso de ampliación –con Montenegro y Albania como los países candidatos más avanzados– si antes la UE no cede y reconoce como lenguas oficiales europeas el catalán, el euskera y el gallego.
En línea similar, el secretario de Estado de Alemania para Europa, Gunther Krichbaum, ha avisado de los riesgos de abrir debates que puedan poner en riesgo la unidad de Europa y ha considerado que “no es útil” trasladar una reclamación de carácter doméstico al debate europeo sobre ampliación.
“Estoy en contra de una bilateralización de la integración europea“, ha argumentado el político alemán, que ha advertido de que si la defensa de la oficialidad de lenguas cooficiales debe entenderse como parte de la política de integración de la Unión, es algo que entonces debería decidirlo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Por su parte, la ministra de Asuntos Europeos sueca, Jessica Rosencrantz, ha reclamado un “proceso serio” que pase por discusiones a nivel técnico de los Veintisiete para analizar “qué implica realmente” reconocer como lenguas oficiales de la Unión las tres cooficiales que España quiere incorporar en el reglamento de lenguas común.
“No es un debate nuevo como tal. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones en las que hemos abordado esta cuestión, al igual que con otros asuntos, necesitamos llevar a cabo un proceso serio. Me refiero a analizar, a nivel de grupo de trabajo, qué implica realmente esta propuesta en lo que respecta a la introducción de más lenguas”, ha remachado.
Además, la política sueca ha querido “dejar muy claro” que no deben mezclarse las negociaciones sobre ampliación con las de las lenguas porque son cuestiones muy distintas. Así, Rosencrantz ha subrayado que “en lo que respecta a la ampliación, Suecia es una firme defensora de avanzar con Montenegro y con muchos de los otros países que están progresando. Y no creo que estas cuestiones deban vincularse de esa manera”.
La secretaria de Estado para Europa de Croacia, Andreja Metelko-Zgombic, ha concedido también que no espera “ningún debate” sobe el asunto dado que se limita a un punto en el que esperan “recibir información” del colega española sobre los argumentos para defender que España condicione cualquier ampliación de la UE a que se integren antes el catalán, el euskera y el gallego en la Unión.
“Sólo puedo decir que hemos debatido a fondo la propuesta española (en el pasado) y decidimos mantenerla en nuestro agenda de una forma y otra. Sería de gran ayuda contar también con el respaldo de los servicios jurídicos a las propuestas concretas al respecto”, ha zanjado, para recordar que hay socios que siguen reclamando al Gobierno evaluaciones de impacto realizadas por las instituciones europeas para responder a sus dudas.
Esta es la octava ocasión en que el Gobierno lleva el asunto a una discusión de los Veintisiete a nivel de ministros, aunque esta vez lo hace como “punto de información”, lo que permitirá a España plantear sus argumentos ante el resto de socios de los Veintisiete, sin que se pueda dar por hecho que entonces vaya a haber debate entre ministros.
Aunque varios socios reclaman avanzar las discusiones a nivel técnico en grupos de trabajo, España ha optado hasta ahora por abordar las discusiones en bilateral con las capitales más reticentes, como es el caso de Alemania, y llevarlo a Bruselas sólo a nivel de ministros.
El formato elegido esta vez por España permite a un Estado miembro pedir la palabra para informar sobre un asunto, pero no permite que se tomen decisiones de fondo. Otros ministros o los representantes del Consejo y de la Comisión Europea pueden intervenir si lo desean, pero no garantiza ninguna intervención, como sí ocurre cuando se incorporan los asuntos como puntos de debate.
