El viernes 2 de octubre, a las once de la mañana, el Congreso vota por separado los dos reales decretos-ley de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes. El primero blinda hasta 2030 la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables y veta hasta 2028 la compra de viviendas por grandes fondos; el segundo, la pieza reclamada por Sumar, prorroga de forma automática los contratos de alquiler que vencen antes de finales de 2028. Ninguno de los dos tiene hoy los votos asegurados y, en el PSOE, la amenaza de un adelanto electoral ha dejado de ser un tabú. Este artículo repasa qué pasaría si la Cámara tumba los dos textos y, sobre todo, cuándo tocarían las urnas si Sánchez decide convertir la derrota en una convocatoria.
La aritmética del viernes
La votación llega al pleno con más noes que síes. El bloque que sostiene al Gobierno suma 162 diputados, PP, Vox y UPN reúnen 171 y la convalidación queda en manos de los 17 escaños de Junts, PNV, Podemos y Coalición Canaria. Para convalidar un decreto-ley no hace falta mayoría absoluta: basta con más votos a favor que en contra, lo que convierte la abstención de Junts en un activo tan valioso como su sí.
A estas alturas de la semana el mapa se ha ido despejando solo a medias. Podemos, tras reunirse con el Sindicato de Inquilinas, ha anunciado su voto favorable a los dos textos pese a tachar de «trampa» su división en dos decretos; el PNV apoyará el primero pero rechazará el segundo, el de la prórroga automática de alquileres; y Junts mantiene en el aire su posición, aunque varias informaciones apuntan a que se inclina por tumbar ambos. Si los posconvergentes votan en contra, el no se dispara a 178 y los decretos decaen aunque el resto de indecisos se alinee con el Gobierno. Si se abstienen, el Ejecutivo necesitaría al PNV, a Podemos y a Coalición Canaria para imponerse por 172 a 171 en el primer texto, y el segundo estaría perdido con el PNV en contra.
Conviene recordar qué supone una derrota. Los dos decretos ya están en vigor desde su publicación en el BOE, de modo que la derogación parlamentaria no borra lo ocurrido entre tanto: las prórrogas de contrato activadas hasta la fecha de publicación del acuerdo del Congreso quedarían consolidadas, pero el escudo antidesahucios y el veto a los fondos dejarían de aplicarse de inmediato. Es el mismo precedente de abril, cuando la no convalidación del decreto anterior dejó un paréntesis de apenas cinco semanas de vigencia.
Cuatro salidas si caen los dos decretos
Un decreto rechazado no obliga a nada. La Constitución no vincula la vida de la legislatura a la suerte de una norma concreta y el presidente conserva intacta su facultad de disolución, que ejerce con total discrecionalidad siempre que no haya una moción de censura en trámite. Lo que cambia el viernes, en todo caso, es el relato: el Gobierno podría presentar la derrota como la prueba de que ya no existe mayoría para gobernar y pedir a los votantes que resuelvan en las urnas lo que el Congreso no resuelve. Estas son las cuatro salidas que manejan en Ferraz, en Moncloa y entre los socios.
El Consejo de Ministros se reúne con carácter extraordinario el lunes 5, el BOE publica el real decreto el martes 6 y las elecciones caen en el primer domingo posible. Es el escenario que el propio PSOE ha agitado esta semana para presionar a los socios.
Sánchez deja pasar unos días, aprovecha el Debate o un Consejo ordinario para disolver y elige un domingo de diciembre o de enero. Gana tiempo para fijar el relato y ordenar las listas, a costa de una campaña en pleno periodo navideño.
Nada obliga constitucionalmente a convocar. El Gobierno puede retramitar las medidas como proyectos de ley, recomponer mayorías variables y aguantar hasta las autonómicas y municipales de mayo de 2027, con el límite legal de la legislatura en el otoño de ese año.
Una cuestión de confianza devolvería al Congreso la responsabilidad de desalojar al Gobierno. La moción de censura seguiría sin números: PP y Vox suman 170 y necesitarían a Junts y a otros para llegar a 176.
Las dos primeras comparten la lógica de los presupuestos de 2019, cuando el rechazo de las cuentas por parte de la derecha y los independentistas sirvió a Sánchez de pretexto para disolver con un relato sencillo. La diferencia es que la vivienda no es un enfrentamiento con la derecha, sino una protesta que ha estallado tras años de Gobierno socialista y que apunta también a la izquierda. La tercera salida es la que más veces ha escogido el presidente en esta legislatura, incluida la ausencia de presupuestos, y la cuarta sigue siendo matemáticamente remota.
El calendario: cuándo tocarían las urnas
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija el guion con precisión de reloj. En una disolución anticipada, el real decreto de convocatoria se publica en el BOE al día siguiente de su expedición y las elecciones se celebran el día quincuagésimo cuarto posterior a esa publicación. Para que la jornada electoral caiga en domingo, el decreto tiene que aparecer en el BOE un martes, lo que a su vez obliga a reunir al Consejo de Ministros en lunes. Con el pleno del viernes 2 de octubre como punto de partida, el primer domingo alcanzable es el 29 de noviembre: Consejo extraordinario el lunes 5, BOE el martes 6 y 54 días de cuenta atrás.
Dentro de ese calendario se encadenan los hitos que marca la ley: las candidaturas se presentan entre el 21 y el 26 de octubre y se proclaman el 2 de noviembre; la campaña arranca el viernes 13 de noviembre, dura los quince días preceptivos y termina a medianoche del 27; el 28 es la jornada de reflexión y el 19 de noviembre expira el plazo para solicitar el voto por correo. Sobre el papel, una convocatoria así compite con un mes de octubre que ya tiene el 12 de octubre de por medio y con un noviembre cargado de acontecimientos ajenos a la política española.
El más relevante es el martes 3 de noviembre, con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos: se renueva la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado, en lo que será el primer gran veredicto en las urnas sobre el segundo mandato de Trump. Las midterms caerían en plena precampaña española, apenas un día después de la proclamación de candidaturas, y su resultado alimentaría durante semanas el debate sobre el ciclo de la derecha radical en Occidente, un marco que Vox y el PSOE intentarían explotar en direcciones opuestas. Entre el 9 y el 20 de noviembre se celebra además la cumbre del clima COP31 en Antalya, que arrastraría al presidente a la agenda internacional en los días previos al arranque de la campaña, y el 25N, Día contra la Violencia de Género, coincidiría con la recta final de los mítines.
Si el 29N no cuadra: los domingos alternativos
Si Sánchez prefiere digerir la derrota antes de disolver, cada semana de espera desplaza las urnas un domingo. El problema es que el calendario se complica rápido: el 6 de diciembre es el Día de la Constitución y exigiría disolver el 12 de octubre, festivo nacional; el 13 de diciembre coloca el puente de la Inmaculada en mitad de la campaña; y a partir del 20 de diciembre la campaña entera se solapa con la Navidad. Las opciones de enero recuperan una campaña normal, pero obligan a convocar a finales de noviembre o principios de diciembre, cuando el efecto de la derrota del viernes ya se habría diluido.
Más allá de febrero, la precampaña empezaría a chocar con las autonómicas y municipales del 23 de mayo de 2027, lo que abre la puerta a un último escenario: agotar la legislatura y hacer coincidir, total o parcialmente, las generales con ese superdomingo, como ya ocurrió en 2019. El límite legal, en cualquier caso, está en el otoño de 2027, cuatro años después de la constitución de las Cortes del 23J.
El viernes, por tanto, no decide formalmente si España va a elecciones, pero sí si el presidente dispone de la excusa que necesita para convocarlas. Con el 29 de noviembre como única ventana que convierte la derrota en urnas de forma casi inmediata, la decisión tendría que tomarse en el fin de semana, y eso explica que el PSOE haya elegido precisamente esta semana para sacar la amenaza del cajón. Si el lunes 5 no hay Consejo extraordinario, la fecha más probable deja de ser noviembre y la legislatura entra en el territorio de la Navidad electoral o de la larga espera hasta 2027.
