PSOE y Junts han sellado un acuerdo este lunes para la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña aunque sin especificar el contenido del texto, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones.
Tras más de un año de conversaciones, se espera que la proposición de ley que recoge este nuevo texto se lleve de forma conjunta al Congreso esta misma semana. Ya el pasado jueves ambas formaciones acercaron posturas en las negociaciones para la transferencia de competencias en materia de inmigración tras la decisión de los de Carles Puigdemont de retirar la cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al pedirlo el mediador internacional Francisco Galindo.
Entonces, fuentes consultadas por Europa Press aseguraron que se produjeron avances significativos que podrían propiciar novedades al respecto en próximos días.
La negociación para el traspaso integral de estas competencias llevaba encallada desde hacía meses y los principales obstáculos se centraban en tres puntos: control de fronteras, expedición de los Números de Identidad de Extranjeros (NIE) y la apertura de expedientes de expulsión.
El Ejecutivo central siempre ha defendido que el control de fronteras es una competencia estatal, aunque se ha mostrado abierto a incorporar algunos retoques, como por ejemplo aumentar la presencia de Mossos d’Esquadra en puertos y aeropuertos.
El calendario en el que se trabajaba era el de lograr un acuerdo a finales del año pasado, pero desde Junts siempre se ha puesto énfasis en que debía ser un traspaso integral de las competencias en esta materia, algo que no venía reflejado en el avance de las negociaciones.
Una vez el pacto quede sellado, debería quedar allanado el camino para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), según señalaron fuentes del Gobierno, que esperan que un acuerdo en estos términos ayude a convencer a Puigdemont para que respalde unas nuevas cuentas públicas.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró el pasado 4 de febrero que el compromiso del Ejecutivo central era “respetar siempre el paraguas de la Constitución” en materia de las competencias migratorias.
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