El PP va a llevar a votación la próxima semana en el Congreso una iniciativa para declarar indelegable la política migratoria y que la Cámara inste al Gobierno a “ejercer sus funciones de control y ordenación de los flujos migratorios“, así como “de las fronteras marítimas y terrestres en todos los territorios del Estado“.
Así consta en el orden del día del Pleno de la semana que viene, al que ha tenido acceso Europa Press, una sesión que el primer partido de la oposición va a utilizar para censurar el acuerdo para la delegación a Cataluña de la gestión de parte de las competencias de inmigración que este martes han hecho público el PSOE y Junts.
Así, una semana después de que los socialistas y los de Carles Puigdemont hayan registrado su proposición de ley para hacer efectivo lo pactado, el PP forzará una votación para instar al Gobierno a dar marcha atrás.
En concreto, los ‘populares‘ buscan que el Congreso emplace al Ejecutivo a “cumplir íntegramente con la legislación vigente en materia de extranjería y con el artículo 149.2 de la Constitución Española“, que incluye entre las competencias “exclusivas” del Estado la “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y el derecho de asilo“.
En este contexto, el PP plantea que se declaren como “competencias no delegables ni transferibles” a las administraciones autonómicas o locales, el “control” sobre los permisos de trabajo y residencia de los extranjeros, las solicitudes de asilo y protección internacional, y la gestión exclusiva de los pasos fronterizos por ser todos ellos “pilares fundamentales de la política migratoria y de Seguridad Nacional“.
Los de Alberto Núñez Feijóo también aspiran a que la Cámara mandate al Gobierno para “ejercer sus funciones de control y ordenación de los flujos migratorios, así como de las fronteras marítimas y terrestres en todos los territorios del Estado”, respetando “las competencias exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado“.
Y todo ello, subraya el primer partido de la oposición “garantizando la seguridad de las infraestructuras críticas del Estado” y “el cumplimiento de los derechos constitucionales de todos los españoles“.
