El empresario Víctor de Aldama ha vuelto este jueves a declarar ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre las presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia. Durante su comparecencia, Aldama desvinculó a Francina Armengol y al Govern balear del cobro de mordidas relacionadas con las adjudicaciones realizadas en Baleares.
Según las fuentes jurídicas presentes en la declaración, el comisionista aseguró que no le consta que la entonces presidenta autonómica ni miembros de su Ejecutivo recibieran contraprestaciones económicas por los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión. No obstante, sí afirmó que Koldo García presumía de mantener una buena relación con Armengol y que actuó como intermediario en los contactos para facilitar operaciones durante la crisis sanitaria.
La declaración de Aldama se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitiera un informe a la Audiencia Nacional sobre las contrataciones realizadas por el Servicio de Salud balear en abril de 2020. Ese informe sostiene que la compra de mascarillas a la empresa vinculada a la trama se cerró apenas 24 horas después de que Koldo García contactara con Armengol.
De acuerdo con la investigación, la entonces presidenta balear habría derivado al asesor del exministro José Luis Ábalos hacia responsables sanitarios del Govern para gestionar el suministro. Minutos después de esos contactos, responsables de Soluciones de Gestión recibieron los datos de los altos cargos del Ejecutivo autonómico para avanzar en la operación.
Las mascarillas, según la documentación analizada por la Guardia Civil, llegaron a Baleares utilizando una partida que inicialmente estaba destinada al Ministerio de Transportes. El contrato de emergencia fue formalizado posteriormente y publicado días después de la entrega del material sanitario.
La UCO investiga además si los pagos mensuales de 10.000 euros que Aldama reconoció haber realizado a Koldo García guardaban relación con las adjudicaciones obtenidas en distintas administraciones públicas. En su comparecencia, el empresario insistió en que esas cantidades no estaban vinculadas exclusivamente a los contratos de Baleares, sino que respondían a gestiones y favores relacionados con otros negocios.
Durante la declaración también se abordaron las diferencias entre las operaciones realizadas en Baleares y las adjudicaciones investigadas en Canarias. Según Aldama, en Baleares no se exigieron comisiones para facilitar las contrataciones, a diferencia de lo que sostuvo respecto a otras administraciones bajo investigación judicial.
El caso continúa bajo instrucción en la Audiencia Nacional mientras la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil mantienen abiertas distintas líneas de investigación sobre las adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia y las posibles relaciones entre empresarios, intermediarios y responsables políticos.
