La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la macrocausa ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, que prorrogue tres meses las pesquisas sobre la pieza separada 9, dedicada a investigar la presunta financiación irregular del PP de Madrid, argumentando que aún quedan pendientes cuestiones cuya resolución no se prevé antes del 29 de julio, cuando está estipulado el fin de la instrucción.
Según las fuentes jurídicas consultadas, el Ministerio Público ha esgrimido que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional todavía no se ha posicionado sobre el recurso de apelación que presentaron los fiscales contra la decisión del juez de no acordar determinadas diligencias.
Las mismas fuentes han explicado que, en el supuesto de que la Sala de lo Penal se pronunciara a favor de dichas pesquisas, ya no podrían practicarse porque la resolución se habría producido una vez finalizada la investigación.
La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) llevada a cabo el año pasado ha supuesto que diversas instrucciones caduquen el 29 de julio a no ser que los jueces que las comandan acuerden una prórroga.
Las diligencias ordenadas antes de la fecha límite pueden incorporarse a la instrucción, aunque lleguen después de que ésta haya acabado, pero las no acordadas con anterioridad ya no pueden realizarse.
CONFLICTO POR LA NUEVA PIEZA 13
Uno de los asuntos sobre los que debe decidir al Sala de lo Penal es el recurso de apelación planteado por Anticorrupción contra la apertura de la pieza separada 13, con la que se pretende ahondar en las revelaciones hechas desde la cárcel por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’.
Los fiscales consideran que esos hechos pertenecen a la línea de investigación de la pieza 9, por lo que advierten de que desgajar la parte relativa al Mercado de Puerta de Toledo, dependiente de la empresa pública IMADE, supone romper el objeto de las pesquisas e incurrir en “fraude de ley procesal”.
En esta pieza separada el instructor trata de determinar si el PP de la Comunidad de Madrid se financió ilegalmente a través de donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas para las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. La ex presidenta regional Esperanza Aguirre es la principal imputada.
La investigación sobre esta presunta ‘caja b’ del Partido Popular madrileño comenzó en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la ‘Púnica’, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a cantidades de dinero.
