La justicia argentina ha ratificado la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este miércoles 13 de noviembre la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández. Esta decisión ratifica el fallo emitido en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal. La expresidenta fue declarada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.
Este caso investigó irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz.
Implicaciones y reacciones
La ratificación de esta sentencia tiene importantes consecuencias políticas:
- Obstaculiza una posible candidatura de Fernández en las elecciones legislativas previstas para 2025
- El fraude al Estado se estima en aproximadamente 1.000 millones de dólares, según los investigadores
Cristina Fernández ha mantenido su postura de inocencia, denunciando ser víctima de persecución política y cuestionando la imparcialidad de los jueces. En un comunicado previo al fallo, la exmandataria anticipó la decisión y la calificó como un intento de “proscripción” en su contra.
A pesar de la ratificación, el caso aún no está cerrado definitivamente:
- La defensa de Fernández tiene la opción de presentar un último recurso ante la Corte Suprema de Argentina
- El fallo no quedará firme hasta que se pronuncie la Corte Suprema, lo que podría ocurrir en marzo de 2025
Es importante señalar que, mientras el proceso judicial continúe, Fernández no puede ser detenida. Esta decisión judicial marca un momento crucial en la política argentina, generando debates sobre la lucha contra la corrupción y el futuro político de una de las figuras más influyentes del país en las últimas décadas.
