Ocho países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y naciones de la UE, actuales y anteriores miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, han emitido una condena conjunta al aterrizaje forzoso de un avión de Ryanair en Minsk para detener a un periodista opositor bielorruso.
Estonia, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos han condenado “enérgicamente” el desvío del vuelo para detener al disidente Roman Protasevich, algo que puso “en peligro la seguridad de la aviación”.
En el escrito se han mostrado unidos para denunciar “la creciente práctica de líderes autoritarios que cruzan sus fronteras para atacar a disidentes, periodistas y líderes de la oposición”, un comportamiento que “amenaza el orden internacional basado en reglas y socava nuestra paz y seguridad colectivas”.
Al respecto, han condenado esta acción como “otro intento flagrante de las autoridades bielorrusas de silenciar todas las voces de la oposición”, para posteriormente mostrar su apoyo “firme” al pueblo de Bielorrusia “en su búsqueda de un futuro democrático y del respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales”.
“El avión, propiedad de una empresa de la Unión Europea, que transportaba a más de 100 pasajeros desde la capital de un Estado miembro de la UE a otro, fue obligado a aterrizar por motivos falsos por un avión militar bielorruso”, han relatado para acusar a Bielorrusia de “un flagrante ataque a la seguridad de la aviación civil internacional y a la seguridad europea“.
Asimismo, han censurado que representa “un flagrante desprecio por el derecho internacional”, mientras que han hecho un llamamiento a la Organización de Aviación Civil Internacional para que investigue “urgentemente” el “inaceptable” incidente “para que los responsables rindan cuentas por completo”.
Por último, han exigido la liberación “inmediata” Protasevich y de su novia, Sofia Sapega, también detenida tras el desvío del avión y se han comprometido a intensificar los esfuerzos, “incluso mediante la coordinación de nuestras políticas de sanciones, para garantizar que las autoridades bielorrusas asuman la responsabilidad de sus acciones”.
