La Comisión de Venecia no ve conflicto en la separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficiarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley.
En un resumen de su informe, este organismo que forma parte del Consejo de Europa, no entra a valorar si la ley es o no constitucional y señala que es una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. Tampoco se pronuncia sobre si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea, y lo deja en manos del Tribunal Justicia de la UE (TJUE).
La Comisión de Venecia también pide acotar de manera más precisa el ámbito “temporal y material” de aplicación de la amnistía para hacer más “predecibles” sus efectos.
Respecto a los delitos de malversación y corrupción, también señala que se debe asegurar un vínculo causal más cercano entre los actos constitutivos de estos delitos y las consultas del 9 de noviembre de 2014 y la del 1 de octubre de 2017 y sus actos de preparación.
Asimismo, sobre el terrorismo señala que las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley.
