El Gobierno valenciano ha autorizado el inicio de trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado por el Gobierno central el pasado 18 de marzo, que establece criterios para redistribuir entre las comunidades autónomas a menores extranjeros no acompañados, ya que el Consell considera que “supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores” sobre las que ostenta competencias exclusivas.
Así se ha acordado en el pleno del Consell de este martes, en el que se ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites necesarios para interponer el recurso, según ha explicado la portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero en la rueda posterior al pleno.
Camarero ha criticado que “el Gobierno establece de forma unilateral unos criterios que no han sido previamente debatidos”, ni acordados, ni negociados con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, lo que lleva a una clara imposición, conculcando los principios de autonomía financiera de las comunidades autónomas, de cooperación y de lealtad constitucional.
Además, ha añadido que “el sistema de protección en nuestra comunidad sigue tensionado debido a la llegada constante de menores”, siendo más de 900 los menores atendidos el pasado año.
“Contamos en este momento con una ocupación del 160% en nuestros recursos”. Todo ello hace que nuestro sistema de protección no tenga capacidad para acoger a los menores que el Gobierno de la Nación pretende trasladar de forma irresponsable”, ha añadido.
