Condonar la deuda de Cataluña, a cambio de la investidura, despierta recelos

El planteamiento que el Gobierno central asuma parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña a cambio de un posible apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez ha provocado el recelo de varias comunidades autónomas de distinto signo, que han advertido de posibles “prebendas” y reclaman que no haya agravios en la reforma del sistema de financiación autonómica.

La ministra de Hacienda en funciones y ‘número dos’ del PSOE, María Jesús Montero, reconoció este lunes que existía la posibilidad de que algunos grupos independentistas pudieran plantear esta cuestión en la negociación, aunque veía “precipitado” hablar en este momento de este escenario.

TODAVÍA NO ESTÁ ENCIMA DE LA MESA, DICE EL GOBIERNO

“Es ahora mismo anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa”, añadió María Jesús Montero sobre esta cuestión, que apostó a su vez por reformar el sistema de financiación autonómica en la siguiente legislatura.

En este contexto, varios Ejecutivos autonómicos han alzado este martes la voz contra esta idea de condonar parte de la deuda a Cataluña, entre ellos el presidente en funciones de Aragón, el socialista Javier Lambán, que cree que el Gobierno debe asumir una quita de esta deuda autonómica “sin más agravios entre comunidades”.

El aún presidente socialista en Aragón cree que esta condonación habría de plantearse sobre el conjunto de la deuda autonómica, no solo la del FLA y “exactamente igual para todas las comunidades, con el mismo porcentaje”.

LAS DEL PP ADVIERTEN DE PREBENDAS

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, gobernada por el ‘popular’ Juanma Moreno, han advertido de posibles “nuevas prebendas” que el PSOE ofrezca a partidos independentistas en el marco de esta posible reforma del sistema de financiación autonómica.

Y desde la comunidad más endeudada, la Comunidad Valenciana, el nuevo presidente Carlos Mazón ha rechazado que el nuevo modelo de financiación autonómica se negocie “en el cuarto oscuro del separatismo” y ya ha exigido una “compensación” para la situación de “excepcionalidad” que ha multiplicado la deuda de la región tras ser “injusta y soporíferamente la peor tratada” por este sistema.

Otra de las comunidades lideradas por el PP, la Xunta de Galicia ha mostrado “preocupación” porque el Gobierno pueda realizar esta posible condonación de deuda, lo que considera que sería una medida “inequitativa”.

En el caso de Madrid, desde el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso piden que no se condone la deuda de Cataluña, advirtiendo que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, está “dispuesto a cualquier mecanismo para seguir en La Moncloa”.

“Sería lanzar una señal muy grave al mercado sobre la solvencia que una determinada administración española puede tener en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en materia de deuda”, aseguran.

MÁS DE 24.000 MILLONES EN LO QUE VA DE AÑO

En este contexto, Cataluña es la comunidad autónoma, de las que están adheridas al Fondo de Financiación, que más dinero ha recibido de los 24.126,9 millones de euros que el Gobierno lleva asignados en 2023 con cargo a este fondo.

En concreto, la comunidad catalana suma 8.713 millones de euros en el reparto de los tres trimestres de 2023, lo que supone algo más de un tercio del total.

El Fondo de Financiación se divide en dos compartimentos: el de Facilidad Financiera, en el que tan solo está Andalucía, y el del Fondo de Liquidez Autonómico, conocido como FLA, y al que están adscritas el resto de comunidades autónomas.

El Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, fue creado por el Ejecutivo en el año 2012 durante la crisis económica y, mediante él, el Gobierno otorga dinero a las comunidades autónomas adscritas para que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados.

En cuanto a la deuda, Cataluña se mantiene como una de las comunidades más endeudadas, con un total de 85.456 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España. Esto se traduce en una deuda del 33% del Producto Interior Bruto (PIB).