Ciudadanos considera la Agencia Tributaria o el Ministerio de Hacienda deberían abrir una investigación para averiguar si alguien obtuvo sin tener autorización para ello datos fiscales relativos al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Bal, ha registrado una batería de preguntas, recogidas por Europa Press, para saber si Hacienda ha dado ya algún paso en ese sentido o piensa iniciar pesquisas al respecto.
Bal se hace eco de una información de ‘Libertad Digital’ que apunta que el ex secretario general del PP Teodoro García Egea pactó la renovación del Tribunal de Cuentas con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a cambio de que el Ejecutivo le pasara información sobre los contratos que una empresa vinculada al hermano de Ayusó cerró con la administración madrileña.
RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
La semana pasada, la propia Ayuso deslizó que la información sobre aquellos contratos por los que su hermano habría cobrado como intermediador había llegado a ‘Génova’ procedente de La Moncloa. De su lado, el presidente del partido, Pablo Casado, reconoció que él tuvo acceso a documentación que incluía “datos fiscales y bancarios” por lo que se podía inferir que la información “venía de alguna institución pública”.
Tanto el Gobierno como García Egea han desmentido que ese dossier saliera de Moncloa y el ya ex número dos del PP negó también que el acuerdo sobre los nuevos consejeros de Cuentas se sellara a cambio de esa información.
Pero Ciudadanos quiere que el Gobierno aclare por escrito ese último extremo. “Estas informaciones revisten tal gravedad que el Gobierno debe aclarar inmediatamente qué hay de cierto en ellas, y en todo caso, aclarar si el mercadeo en el Tribunal de Cuentas
obedeció a negociaciones políticas”, remarca Bal.
HABRÁ RASTRO INFORMÁTICO
En este contexto, defiende que Hacienda investigue cómo y quién accedió a la Declaración Informativa anual de operaciones de terceras personas (el conocido como modelo 347) relativa al contribuyente Priviet Sportive SL, la empresa del amigo del hermano de Ayusó que contrató con la Comunidad de Madrid.
Según Ciudadanos, el acceso a esa información fiscal “debe dejar el correspondiente registro informático” y sólo pueden haberla obtenido bien “personas autorizadas para ello” o “terceros sin autorización” es decir, de manera ilegal. También es ilegal, apuntan, la transmisión de esos datos a otras personas.
“Resulta gravísimo que la documentación e información fiscal de cualquier sujeto contribuyente estuviera al alcance de personas ajenas a la Administración y a los propios interesados”, avisa Cs para quién “sería aún peor” que el PP y el Gobierno pactaran renovar el Tribunal de Cuentas “con una contraprestación como la revelación y entrega de información fiscal sobre terceros, con intereses políticos”.
