Hoy está previsto que se produzca la esperada resolución del Tribunal de Cuentas sobre los “gastos” de la campaña exterior del “procés“. Todos los ojos están puestos en el contenido de su resolución y en cómo afectará a la inminente “mesa de diálogo”.
El asunto que resuelve este órgano fiscalizador de cuentas (no un órgano judicial en sentido estricto), es el empleo presuntamente incorrecto de fondos por parte de la Generalitat entre 2011 y 2017, durante los años del crecimiento “embajadas” catalanas en el exterior (la llamada “Diplocat”), en los que se habrían destinado fondos a la promoción exterior de una imagen propia para Cataluña que no estarían justificados.
El asunto más peliagudo es el hecho de que el Tribunal, probablemente, reclamará cantidades indebidamente gastadas a responsables políticos concretos, incluidos indultados como Oriol Junqueras, a quien se le reclamarían según algunas filtraciones unos dos millones de euros. En total son 42 ex altos cargos independentistas los que podrían resultar responsables.
También se condenaría a Carles Puigdemont al reintegro de cantidades irregularmente dispuestas, así como a Raül Romeva y otros, por importe de varios millones de euros más.
El “Tribunal”, como órgano de gestión que es, efectuará una “liquidación provisional”, quedando luego en manos del abogado del Estado y el fiscal la formulación concreta de la demanda a los requeridos, lo cual da pie a diversas especulaciones sobre el papel que el gobierno podría tener finalmente en este procedimiento.
Desde los preparativos para la mesa bilateral que se pretende constituir se intenta separar esta cuestión de las conversaciones políticas que se van a abrir, aunque a nadie se le escapa las implicaciones que tiene, por ejemplo, respecto a personas como Oriol Junqueras. En este sentido, Pedro Sánchez ya ha manifestado reiteradamente que considera que la mesa, al ser entre los dos gobiernos, no debe abrirse a personas como Junqueras, que además permanece inhabilitado para el desempeño de cargos públicos.
