La Ley del Divorcio de 1981 cumplirá este martes 22 de junio 40 años desde su aprobación en el Congreso de los Diputados, una ley que supuso un cambio trascendental en las relaciones familiares en España.
El cambio se produjo en dos fases: la primera en 1981, y la segunda en 2005.
“Hasta la Ley 15/2005 de 8 de julio, el acceso a la separación y divorcio era causal, y su concesión giraba en torno a la culpa. No bastaba la mera voluntad de los cónyuges (salvo en los procesos de mutuo acuerdo, una vez transcurrido el primer año desde la celebración del matrimonio)”, ha explicado la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.
Según precisa, con la ley de 1981, “el cónyuge inocente que pretendía separarse judicialmente debía culpabilizar al otro de la autoría de alguna de las causas previstas en el artículo 82 del Código Civil”. Entre estas causas se encontraban: el abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria o cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes conyugales, la condena a pena de privación de libertad superior a seis años, el alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que afectasen al interés de la familia.
Por este motivo, subraya que fue muy relevante la Ley 15/2005 de 8 de julio que suprimió las causas legales de separación y divorcio en España, convirtiendo al país en “el único de Europa con acceso directo al divorcio, sin exigir la previa separación judicial y sin causa cualpabilística”.
Por otro lado, Lozano recuerda que la Ley 13/2005 de 1 de Julio, o ‘ley del matrimonio homosexual’, completó el cambio profundo de la regulación de las relaciones famliares, y “situó a España como el tercer país del mundo (tras Países Bajos y Bélgica) que regulaba positivamente el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
Hoy, en 2021, son decenas los países que han reconocido esta posibilidad, incluyendo también en numerosos casos la posibilidad de adopción conjunta y una equiparación plena entre todas las formas de matrimonio en cuanto a sus efectos.
Todo ello, en España, empezó con cierto retraso respecto a los países de nuestro entorno, no sin una cierta oposición de algunos sectores sociales, allá por junio de 1981.
Artículo elaborado por EM a partir de la informacion de Europa Press
