Estados Unidos ha destacado este jueves que el Gobierno de España ha demostrado “esfuerzos serios y sostenidos” en su lucha contra la trata de personas, pero tiene que aumentar las investigaciones y condenas, según el informe sobre Tráfico de Personas 2021 del Departamento de Estado.
“El Gobierno de España cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata”, recoge el informe, que se ha elaborado de acuerdo a la situación del último año y considerando el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la capacidad de la lucha contra la trata, situando a España en el Nivel 1.
El estudio señala a “esfuerzos” en la asistencia a más víctimas, la apertura de un nuevo centro de acogida y el incremento del trabajo y los resultados “en relación con las investigaciones internacionales”, así como la “continuación de la imposición de importantes penas de prisión a los traficantes condenados”.
No obstante, el informe del Departamento de Estado estadounidense advierte de que las “investigaciones, los procesamientos y las condenas han disminuido” y ha apuntado a que “han seguido existiendo lagunas en los protocolos de identificación de las víctimas”, una cuestión que, según el documento, “ha hecho que el Gobierno identificara a menos víctimas”.
En este sentido, ha indicado también que el Gobierno “ha continuado sin contar con un plan de acción nacional contra la trata de personas que guiara sus esfuerzos”.
RECOMENDACIONES
Ante ello, el estudio realiza una serie de recomendaciones “prioritarias”, entre las que se llama a incrementar las investigaciones, los procesamientos y las condenas por los delitos de trata, en particular por el trabajo forzoso.
También, subraya la necesidad de aumentar la “capacitación” de los funcionarios de primera línea “sobre la identificación proactiva de víctimas”, en particular entre poblaciones vulnerables como “migrantes irregulares, menores no acompañados y trabajadores en industrias y regiones agrícolas con alta incidencia de explotación laboral”.
La adopción e implementación de “un plan de acción nacional integral que aborde la trata tanto sexual como laboral y describa claramente las funciones de las fuerzas del orden y los proveedores de atención a las víctimas” es otra de las recomendaciones del informe.
Igualmente, insta a impulsar la protección de los trabajadores mediante la implementación de “una regulación y una supervisión estrictas de las empresas de contratación, que “se apliquen de manera constante, incluido el procesamiento de la contratación laboral fraudulenta”.
El documento también llama a permitir la identificación formal de las víctimas “sin requerir la interacción de las fuerzas del orden”, así como permitir la identificación por parte de entidades distintas de la Policía y su derivación.
Ampliar los centros de atención a las víctimas a todas las comunidades autónomas y seguir aumentando los recursos de protección de testigos a disposición de las víctimas y los peritos, se encuentran también entre las recomendaciones.
Por otro lado, entre las mismas se ahonda en la importancia de aumentar la protección y la seguridad de los niños migrantes no acompañados “frente a los traficantes que operan en los centros de detención de inmigrantes”.
Asimismo, se aconseja “formar a todos los fiscales y jueces en materia de trata de seres humanos y en un enfoque de la aplicación de la ley centrado en las víctimas”.
Por último, el informe estadounidense asevera que es necesario mejorar los mecanismos de indemnización del Estado, “incluida la redistribución de los bienes confiscados a los traficantes entre las víctimas”.
