El Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa de Vox, pactada con el PP, para exigir que los ministros y altos cargos del Gobierno publiquen sus gastos de protocolo y representación, con detalles como el beneficiario y el motivo del gasto, y sin necesidad de que se lo exija el Consejo de Transparencia.
La proposición no de ley ha salido adelante en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, conocida en su día como ‘comisión anticorrupción’, y pese a que el PSOE y Sumar han votado en contra. Y es que los partidos del Gobierno se han quedado solos por ausencia de sus aliados parlamentarios y han perdido todas las votaciones de la jornada.
En la iniciativa aprobada, recogida por Europa Press, se emplaza al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir con las obligaciones de publicidad activa recogidas en la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sin que sea necesario un pronunciamiento por parte del Consejo de Transparencia.
QUE SE DETALLE QUIÉN COBRA
También se insta a publicar periódicamente en el Portal de Transparencia todos los gastos protocolarios y representativos de los altos cargos del Gobierno, “indicando el concepto, el importe, el beneficiario, la fecha y el motivo de gasto“, y siempre “facilitando su consulta mediante motores de búsqueda y herramientas de análisis de datos abiertos”.
Por último se emplaza al Consejo de Transparencia a “establecer un mecanismo de auditoría” para evaluar que estos gastos se adecuan a los principios de eficiencia, austeridad y servicio al interés general, y después publicar los informes resultantes.
La ausencia de las formaciones nacionalistas e independentistas en la comisión ha permitido también que se apruebe otra iniciativa del PP pidiendo al Gobierno de coalición “revertir la politización” de las instituciones y apostando por “los principios de mérito y de capacidad” en los nombramientos.
MÉRITO Y CAPACIDAD EN LOS NOMBRAMIENTOS
En concreto, se llama al Gobierno a “respetar la independencia de las instituciones y órganos del Estado, pilares sobre los que se asienta nuestra democracia”, y a “revertir la deriva de politización de organismos del Estado”, de degradación de nuestra democracia y de vulneración de los principios de objetividad e imparcialidad.
Igualmente, se aboga por “establecer criterios objetivos en los nombramientos realizados por el Gobierno, que no menoscaben la credibilidad y la imparcialidad de las instituciones” y por “fomentar la profesionalización de la gestión de la Administración Pública”, respetando los principios de mérito y capacidad al designar cargos en instituciones.
El PSOE y Sumar, en franca minoría, ni siquiera han podido sacar adelante las dos iniciativas que han presentado en la comisión, una sobre publicidad institucional y otra para reconocer el papel de las asociaciones de vecinos y su influencia en la política municipal. Ambos textos han sido rechazados por PP y Vox.
